Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
El martes, le debió quedar muy claro al director general del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, Jorge Armando Rocha, que está obligado designar el Defensor de las Audiencias para cumplir con los lineamientos que habrán de emitirse, de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada el año pasado a iniciativa de Palacio Nacional.
Esta obligación, en principio, también deberán acatarla de inmediato los diputados que integran el Comité de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, Yolanda López (PVEM), presidenta; Gerardo Vilanueva (Morena), vicepresidente; Claudia Pérez (PAN), secretaria; y los integrantes Alberto Vanegas (Morena) y Tania Larios (PRI).
El proyecto de dichos lineamientos fue expuesto este martes en la mañanera presidencial, con la supuesta salvedad de que serán sometidos a una “consulta pública” vía internet, durante las próximas tres semanas, y según esto van a incluir los planteamientos que hagan los ciudadanos. Al final de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum emitirá los lineamientos que quiera, porque es su potestad, su atribución, vía la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Precisamente por el proyecto de esos lineamientos han surgido las voces críticas, incluso de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión (históricamente agachona ante el Gobierno), que emitió un comunicado en el que alerta la discrecionalidad gubernamental, sanciones excesivas (hasta el 1% de sus ingresos por incumplimientos), y se abre la puerta a la censura de la libertad de expresión. La presidenta respondió que eso es falso.
En principio, el Congreso podría ser multado si no designa pronto a su Defensor de las Audiencias, porque es una obligación, aunque Rocha crea lo contrario. Hace un par de semanas, al conmemorar el “Día de las Audiencias” –un contradictorio invento legislativo impulsado por la diputada Valentina Batres– dijo que el Canal de Televisión del Congreso no está obligado a crear esa figura de Defensor de las Audiencias.
En el evento estaban representantes de la CRT, que se quedaron anonadados por la profunda ignorancia de Rocha. “No ha leído la ley, no sabe ni siquiera dónde está parado”, fue la idea que dejó. Por eso, al final del evento le fueron a decir que estaba equivocado, que está obligado a cumplir y designar un defensor de las audiencias.
El Gobierno de la Ciudad de México opera su propia emisión televisiva. Se trata del Canal Capital 21, donde hay responsable de la Defensoría de las Audiencias, que “tiene la función principal de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones y señalamientos de las personas que componen las audiencias de los medios y plataformas del Servicio de Medios Públicos”.
Como parte del proyecto de los lineamientos –que más bien han sido considerados una intentona para “regular” opiniones y noticias, o sea censurar–, el Canal del Congreso estaría obligado, entre otras cosas, a no difundir información falsa, descontextualizada o histórica, como si fuera actual.
También tiene que garantizar la distinción entre noticia y opinión, así como entre publicidad y contenido, aunque en este caso no le toca, porque no comercializa. Debe dar derecho de réplica a quienes consideren hechos “inexactos o falsos”, lo que ya existe actualmente, está reglamentado, pero en el caso del Canal del Congreso CDMX no hay forma de llevarlo a cabo, porque no existe el área correspondiente.
Un tema que ha atorado la designación del Defensor de las Audiencias en el Congreso capitalino es el jaloneo político para ver quién se queda con el cargo. El PVEM exige esa posición, pero en Morena no la quieren soltar, aunque por un asunto de equilibrios legislativos deberían dejársela a la oposición, quizás a la segunda fuerza política, que es el PAN, algo poco probable. Lo veremos.
