Proyecto de la SCJN plantea validar el Fondo de Pensiones para el Bienestar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé discutir y avalar este martes la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), impugnado por legisladores de Oposición con el argumento de que la reforma permitió confiscar los ahorros de los trabajadores.

El proyecto de la ministra Loretta Ortiz propone desestimar los recursos contra la reforma publicada el 30 de abril de 2024 por Andrés Manuel López Obrador, que transfirió 24 mil 238 millones de pesos de 260 mil cuentas inactivas de las Afores al FPB.

La propuesta considera que los inconformes partieron de una “premisa errónea”, pues la transferencia no modificó la titularidad de los recursos, sino únicamente la institución responsable de administrarlos.

“La propia reforma reconoce que las y los trabajadores, pensionados y beneficiarios tienen el derecho imprescriptible de acudir a los mecanismos previstos para recibir la pensión o la devolución de sus recursos”, establece el proyecto.

El objetivo del Fondo de Pensiones para el Bienestar es complementar las jubilaciones de los trabajadores que perciban menos del promedio de cotización en el IMSS.

Los legisladores de Oposición también denunciaron presuntas irregularidades en el procedimiento legislativo. El proyecto reconoce que no se respetó el plazo de anticipación para circular el dictamen, pero concluye que esa circunstancia no afectó la deliberación democrática entre las fuerzas políticas durante la sesión, que fue mayoriteada por Morena y sus aliados.

El FPB comenzó operaciones el 1 de julio de 2024 con un capital inicial de 44 mil millones de pesos. Ese monto se integró con recursos provenientes de las Afores, 12 mil millones de pesos derivados de la liquidación de Financiera Rural y 6 mil 135 millones del Infonavit.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta abril de 2025 más de 55 mil 100 trabajadores habían solicitado la devolución de sus recursos, por un monto cercano a 2 mil 500 millones de pesos.

La acción de inconstitucionalidad fue admitida en junio de 2024 por la anterior integración de la Corte. En ese momento, López Obrador cuestionó a los ministros y señaló que “no están para defender a los trabajadores”.

Después de la aprobación de la reforma judicial, la SCJN se renovó mediante voto popular el 1 de septiembre de 2025. Tres ministras de la integración anterior permanecieron en el Tribunal, entre ellas Loretta Ortiz.

Desde su renovación, el Máximo Tribunal ha respaldado otras reformas de la pasada administración, como la extinción de fideicomisos, la Ley Antitabaco y las aprobaciones en fast track realizadas por el Senado en 2023.