Rubén Rocha Moya solicitó por segunda ocasión licencia por tiempo indefinido como gobernador de Sinaloa, luego de anunciar el 20 de agosto su regreso al cargo tras casi cuatro meses separado de sus funciones.
El mandatario enfrenta acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente haberse coludido con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Después de que informó su reincorporación, gobernadores, senadores, diputados y la Secretaría de Gobernación se deslindaron de la decisión y señalaron que se trató de una determinación personal.
La Segob, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, informó que las autoridades mexicanas mantienen abierta una carpeta de investigación que involucra a 10 personas de Sinaloa, incluido Rocha Moya.
El 22 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en redes sociales un mensaje en el que mencionó la “ambición” y la “arrogancia”, sin referirse directamente al gobernador sinaloense. Horas más tarde, alrededor de las 18:40 horas, Rocha Moya difundió el documento con el que volvió a pedir licencia.
La solicitud fue recibida por Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, quien convocó a una sesión extraordinaria para el domingo 23 de agosto. La iniciativa privada pidió que la persona que asuma el gobierno tenga “capacidad real” para gobernar, mientras Sergio “Pío” Esquer, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, llamó a frenar la “simulación” en torno al caso.
En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda permanece bajo cuestionamientos desde mayo de 2025 por la cancelación de su visa estadounidense. La misma medida fue aplicada a su exesposo, Carlos Torres Torres.
Ávila Olmeda confirmó posteriormente la cancelación y una investigación de la Fiscalía General de la República contra su expareja por su presunta participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
La controversia aumentó tras la difusión de grabaciones realizada por el columnista Héctor de Mauleón. En uno de los audios, Ávila Olmeda afirma ante supuestos agentes estadounidenses: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar, yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
La oposición sostuvo que esa actuación podría constituir una violación a la Ley de Seguridad Nacional y pidió investigar posibles actos de “traición a la patria”. Ávila Olmeda acusó al petista Jaime Bonilla de estar detrás de los hechos, debido a que presuntamente habría propuesto el encuentro con autoridades estadounidenses.
Bonilla se deslindó y recordó que ha sido señalado como el “peor enemigo” de la gobernadora, a quien llamó “narcogobernadora”. Sheinbaum señaló que “no se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando”, mientras Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que en las mesas de seguridad no se manejan datos sensibles.
Andrés Manuel López Beltrán informó el 13 de agosto que su visa estadounidense fue cancelada. El exsecretario de Organización de Morena atribuyó la decisión al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.
En una carta dirigida al presidente Donald Trump, calificó la medida como una decisión con “motivos políticos y propagandísticos” y aseguró que no existe alguna prueba que la justifique. También describió la cancelación como una “canallada” y acusó a funcionarios estadounidenses de intervenir y hostigar a gobiernos y políticos considerados adversarios.
Morena y el gobierno de Sheinbaum respaldaron a López Beltrán y describieron el episodio como “un intento de intervenir en la vida política de México desde los sectores más radicales de la ultraderecha internacional”. Además, colocaron el caso en el terreno de la defensa de la soberanía nacional.
En contraste, PRI y PAN arremetieron contra López Beltrán, aspirante a una diputación federal en Tabasco, y lo llamaron “narcojunior” y “huachicolero”. Ambas fuerzas señalaron que aparece en una investigación de la Fiscalía relacionada con una “gigantesca red de huachicol fiscal que operó desde aduanas”.
Las polémicas ocurren a unos días del comienzo del Proceso Electoral Federal rumbo a las elecciones de 2027, en las que estarán en juego la integración de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
Mientras tanto, Morena continúa cada fin de semana con sus asambleas informativas y mantiene su proceso interno para seleccionar a quienes encabezarán la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, de donde posteriormente surgirán sus candidatos para las 17 gubernaturas en disputa.
