Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“El medio mejor para hacer buenos a los niños, es hacerlos felices”. – Oscar Wilde.
La desaparición y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales constituye una de las heridas más profundas que enfrenta Veracruz. No se trata únicamente de estadísticas de seguridad: detrás de cada expediente existe una familia que busca, una madre que espera y una comunidad que observa cómo el crimen convierte la vulnerabilidad social en una fuente de nuevos integrantes.
El reportaje de Luis Herrera publicado por Reporte Índigo coloca el tema donde debe estar: en el terreno de la responsabilidad pública. De acuerdo con la investigación, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz llegó a ubicarse entre las diez entidades con mayor incidencia estimada de reclutamiento adolescente.
Los datos retomados de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) son inquietantes. Entre 2017 y 2023, los señalamientos contra adolescentes por delitos relacionados con la delincuencia organizada pasaron de 56 a 265 casos. Tan solo en 2023, entre 15 y 27 adolescentes privados de la libertad en Veracruz podrían haber sido víctimas de reclutamiento criminal.
La precisión resulta indispensable: no todos los menores desaparecidos fueron reclutados ni todo adolescente procesado por algún delito perteneció necesariamente a un cártel. México carece todavía de registros oficiales suficientes y de una tipificación específica que permita dimensionar el fenómeno. Sin embargo, esa ausencia de información no reduce la gravedad del problema; por el contrario, exhibe otra omisión institucional.
El gobierno de Cuitláhuac García presumió reiteradamente la reducción de diversos indicadores delictivos, pero no logró construir una política especializada, medible y suficientemente visible contra el reclutamiento infantil. La administración anterior pareció observar a los adolescentes involucrados en delitos solamente como infractores, cuando muchos pudieron haber sido previamente víctimas de engaños, amenazas, secuestros, abandono o necesidad económica.
El contraste con la administración de Rocío Nahle García aparece en el énfasis colocado desde su arranque en la prevención y en la atención de las causas. La actual estrategia no se limita al despliegue policial: busca intervenir en escuelas, comunidades y familias antes de que las organizaciones delictivas encuentren terreno fértil.
La Estrategia Estatal de Seguridad Pública desarrolla acciones preventivas en 39 municipios mediante intervenciones escolares, fortalecimiento emocional, habilidades sociales y promoción de estilos de vida saludables. A ello se agregan el Programa de Atención Integral de Prevención Escolar, las Redes Ciudadanas de Seguridad y Paz, las campañas contra las adicciones y la incorporación de Veracruz a los esquemas de protección promovidos por SIPINNA.
También cuentan las becas Concepción Quirós Pérez, los estímulos educativos de la SEV, los desayunos escolares, la atención a la primera infancia y los apoyos dirigidos a las familias. La educación, el deporte, la alimentación y el acompañamiento comunitario no son políticas aisladas: representan barreras de protección frente a quienes ofrecen dinero fácil, pertenencia, armas o una falsa salida de la pobreza.
Pero sería prematuro declarar resuelto el problema. Los programas deben traducirse en indicadores verificables: menores localizados, deserción escolar reducida, redes de reclutamiento desarticuladas, víctimas protegidas y responsables sentenciados.
Rocío Nahle ha comenzado a atender las causas que durante años fueron minimizadas. Ahora debe dar el siguiente paso: reconocer expresamente el reclutamiento infantil como una prioridad de seguridad y derechos humanos, crear un registro estatal y establecer protocolos especializados. Porque rescatar a la niñez del crimen no admite propaganda ni simulaciones: exige prevenir, investigar y devolver con vida a quienes fueron arrancados de sus hogares.
Al tiempo.
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