Por Alejandra Del Río
México se encamina hacia una de las elecciones intermedias más grandes, complejas y trascendentes de su historia, el próximo 6 de junio de 2027 no estará en juego la Presidencia de la República, pero sí algo igualmente determinante: el equilibrio del poder político y la posibilidad de mantener algún contrapeso frente a un régimen que ha hecho de la concentración del poder su principal objetivo.
De acuerdo con las cifras difundidas por el Instituto Nacional Electoral, se elegirán alrededor de 21 mil cargos de elección popular en todo el país. La jornada comprenderá la renovación total de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, (1098 diputaciones locales en total) y 2204 presidencias municipales, mas alcaldías, sindicaturas y regidurías.
No será una elección más. Será una auténtica batalla por México, en el ámbito federal se renovarán las 500 diputaciones: 300 serán elegidas por mayoría relativa y 200 por representación de la que antes era proporcional y ahora después de una muy criticada resolución de otro tribunal a modo (el elctoral) se la robo Morena con una descarada sobrerrepresentación que distorciona la voluntad popular en las urnas; por eso es tan importante la elección, quitarles este tramposo juego, puede permitir el equilibrio de poderes nuevamente en México.
El resultado determinará la composición de la Cámara de Diputados durante la segunda mitad del gobierno de Claudia Sheinbaum y definirá si Morena y sus aliados conservan la mayoría necesaria para continuar modificando la Constitución sin escuchar a la oposición, o si les bajamos del carro completo del poder absoluto, ese poder que como decía Lord Acton, -“Corrompe absolutamente”-.
La disputa no se limitará a saber qué partido tendrá más legisladores, sino a decidir si México seguirá teniendo contrapesos institucionales o si el oficialismo contará con una Cámara subordinada, dispuesta a aprobar reformas sin debate, sin análisis y, muchas veces, sin que sus propios integrantes conozcan el contenido de aquello que votan, ya saben que eso de leer las iniciativas no se les da.
Durante los últimos años hemos visto cómo el Congreso dejó de funcionar como un poder independiente para convertirse, en demasiadas ocasiones, en una oficialía de partes del Ejecutivo. Iniciativas trascendentales se han aprobado de madrugada, con prisas y bajo la instrucción de “no cambiar ni una coma”.Por eso, perder de vista la elección legislativa de 2027 sería un grave error.
En el terreno estatal estarán en disputa 17 gubernaturas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
El resultado podría modificar profundamente el mapa político nacional. Actualmente, la mayoría de esas entidades se encuentra gobernada por Morena o por partidos aliados. Sin embargo, los gobiernos morenistas llegarán a la elección cargando el desgaste provocado por la inseguridad, la crisis de los servicios públicos, el deterioro de los sistemas estatales de salud, la falta de crecimiento económico y los cuestionamientos sobre la relación entre autoridades y grupos criminales.
Estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Zacatecas enfrentarán elecciones marcadas por la violencia. En esas entidades, hablar de democracia sin hablar del crimen organizado sería ignorar una de las amenazas más graves para el proceso electoral.
No basta con instalar casillas y contar votos, para que exista una elección auténticamente democrática, los candidatos deben poder hacer campaña sin amenazas; la ciudadanía debe acudir a votar sin miedo y los grupos criminales no pueden decidir quién compite, quién se retira o quién gobierna, ya ni hablar de los asesinatos y secuestros de candidatos, de las amenazas a los funcionarios de casillas y del claro amedrentamiento de opositores con brigadas de hombres armados recorriendo las calles en los estados conflictivos y de los actos descaradamente anticipados de campaña.
La intervención del crimen organizado en los procesos electorales dejó de ser una advertencia teórica. Es una realidad que ha sido denunciada en distintas regiones del país y que puede alterar la voluntad popular incluso antes de que comience la jornada electoral.
También se renovarán 31 congresos locales, con excepción de Coahuila, además de las más de dos mil presidencias municipales, alrededor de dos mil sindicaturas, más de 14 mil regidurías, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y sus concejalías.
Los municipios suelen recibir menor atención mediática, pero constituyen el primer contacto de la ciudadanía con el poder. Son responsables de servicios esenciales como la seguridad pública, el alumbrado, la recolección de basura, el mantenimiento urbano y la administración cotidiana de nuestras comunidades, también son el eslabón más vulnerable frente a la delincuencia organizada.
Muchos presidentes municipales gobiernan bajo amenazas, presiones o acuerdos impuestos por organizaciones criminales. Otros han utilizado los ayuntamientos como cajas chicas, agencias de colocación familiar o plataformas personales para buscar el siguiente cargo público.
La elección de 2027 deberá poner bajo la lupa a cada candidata y candidato. Ya no es suficiente conocer su partido o escuchar sus promesas. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son, cuáles son sus antecedentes, qué intereses representan, cómo construyeron su patrimonio y qué vínculos políticos, empresariales o familiares los acompañan. México no puede seguir votando a ciegas, sin embargo la única certeza que ha dado la Presidenta de cara a las elecciones, es que seguirá protegiendo como en todos los casos Sinaloa, a aquellos que decidan burlarse del electorado, eso y la toma del control absoluto del INE y los tribunales electorales.
Con todo y el INE a modo, la elección representará para este instituto, un reto monumental, deberá organizar una jornada de enormes dimensiones en medio de presiones políticas, restricciones presupuestales y una permanente ofensiva del oficialismo contra los organismos autónomos, parece que en Palacio Nacional no han entendido que las elecciones requieren de una autoridad profesional, independiente y capaz de resistir las órdenes del gobierno en turno. Así las cosas, lo que todos tememos para el 2027 es que un árbitro electoral sometido al poder, convierta la competencia democrática en una simple simulación.
Además, el proceso de 2027 será una prueba para la oposición. El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y las distintas fuerzas políticas deberán decidir si verdaderamente pretenden competir o si continuarán atrapados en conflictos internos, ambiciones personales y candidaturas repartidas entre las mismas élites de siempre.
No bastará con presentarse como “lo contrario a Morena”. La oposición deberá ofrecer perfiles creíbles, propuestas concretas y una narrativa capaz de recuperar la confianza de millones de ciudadanos decepcionados.
Tampoco podrá ignorar a la sociedad civil. México necesita candidaturas ciudadanas, mujeres y hombres con experiencia, prestigio y verdadera independencia; no improvisados elegidos por popularidad digital ni personajes reciclados que cambian de partido cada vez que les conviene.
El oficialismo, por su parte, intentará convertir la elección en un referéndum sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y utilizará toda la fuerza de su estructura territorial, sus programas sociales y su aparato de comunicación para conservar la mayoría legislativa y ampliar su control sobre los estados, la Presidenta ya está en campaña, por que sabe que de perder el Congreso le atarán las manos a sus planes para loa segunda parte de su sexenio.
Ojalá que la ciudadanía distinga entre los derechos sociales y la propaganda electoral, los programas públicos se financian con los impuestos de todos los mexicanos, no con el dinero de Morena ni con la generosidad de ningún gobernante, pero esa delgada linea clientelar, desapareció hace ya 8 años y no se le ve ningún viso de regresar.
En 2027 no elegiremos presidenta o presidente, pero sí decidiremos los límites que tendrá el poder presidencial. Elegiremos entre una Cámara de Diputados que revise, cuestione y vigile al gobierno, o una mayoría que continúe aprobando todo lo que llegue desde Palacio Nacional.
Decidiremos quién administrará 17 estados, quién aprobará sus presupuestos, quién gobernará nuestros municipios y quién tendrá la responsabilidad de enfrentar la inseguridad desde lo local.
Lo que realmente estará en juego será la pluralidad, la división de poderes, la libertad política y la posibilidad de impedir que México termine convertido en un país de partido dominante, instituciones debilitadas y elecciones formalmente libres, pero profundamente inequitativas.
La democracia no se pierde necesariamente de un día para otro. También puede desaparecer poco a poco, reforma tras reforma, silencio tras silencio y elección tras elección.
El 6 de junio de 2027, México tendrá la oportunidad de ponerle límites al poder; La pregunta es si los ciudadanos comprenderemos a tiempo todo lo que realmente estaremos decidiendo y si los partidos de oposición podrán conformar el gran frente plural que se requiere para al menos figurar.
