Por Alejandra Del Río
Alejandro Moreno lanzó una advertencia que el sector empresarial mexicano no debería ignorar: “En tiempos de deterioro institucional, guardar silencio también constituye una decisión política”.
Coincido plenamente con su postura. Muchos de quienes durante décadas fueron presentados como empresarios ejemplares deberían pensarlo dos veces antes de sentarse con los representantes del poder, posar para la fotografía oficial y actuar como si en México no estuviera ocurriendo nada.
No se trata de cuestionar el diálogo indispensable entre la iniciativa privada y el gobierno, tampoco de pedirles a los empresarios que abandonen sus negocios para convertirse en dirigentes de oposición. Se trata de algo mucho más elemental, comprender que ninguna empresa puede prosperar indefinidamente en un país donde se debilitan la democracia, la división de poderes, la certeza jurídica y las libertades.
Porque cuando las instituciones se erosionan, tarde o temprano también se erosiona la economía, sin reglas claras no existe inversión segura, sin tribunales independientes no hay contratos verdaderamente protegidos, sin organismos autónomos no hay competencia equitativa, sin libertad de expresión no hay posibilidad de denunciar abusos y sin democracia, el éxito empresarial deja de depender del talento, la innovación y el trabajo para comenzar a depender de la cercanía con el poder.
Ese es precisamente el riesgo que Alejandro Moreno señala con claridad, riesgo que muchos tomaron al iniciar la campaña de López Obrador y el cual les salio contraproducente, para muestra basta con la arrepentida monumental que se dió Salinas Pliego de haber apoyado al personaje, que años después le mando a toda la fuerza hacendaria en su contra y hasta amenazó con retirarle las licencias de sus canales en televisión abierta.
Los contratos otorgados por un gobierno no son favores personales ni actos de generosidad, son recursos públicos y por lo tanto, deben asignarse mediante procedimientos transparentes, legales y competitivos. El problema comienza cuando esos contratos se utilizan como instrumentos de control político para generar dependencia, condicionar opiniones, comprar silencios o premiar lealtades; Entonces ya no existe una relación institucional entre gobierno y empresa, existe una relación de subordinación.
Jugar a dos bandas puede resultar rentable durante algún tiempo, reunirse con el oficialismo, aceptar sus contratos, sin pasar por licitaciones ni procesos de transparencia como ahora lo hacen sin ton ni son los Morenistas, guardar silencio frente a sus excesos y al mismo tiempo, declararse en privado defensor de la democracia, pero llega un momento en que la neutralidad deja de ser prudencia y se convierte en complicidad.
No se puede defender la libertad únicamente en las sobremesas mientras se legitima públicamente a quienes la debilitan, insisto, no se puede hablar de Estado de derecho y callar cuando las instituciones son sometidas, no se puede exigir certeza para las inversiones y permanecer indiferente cuando la Constitución, los contrapesos y los organismos autónomos son desmantelados.
Mucho menos se puede pretender que la política no tiene nada que ver con los negocios, cada reforma que concentra el poder, cada ataque contra la oposición, cada intento de silenciar a periodistas y ciudadanos, cada institución debilitada y cada espacio democrático reducido afecta el entorno en el que operan las empresas. Tal vez el daño no aparezca inmediatamente en un balance financiero, pero terminará reflejándose en la falta de inversión, la incertidumbre jurídica, la pérdida de empleos y la fuga de capitales y de talento.
La historia demuestra que los gobiernos que concentran demasiado poder nunca se conforman con controlar la política, después buscan controlar la economía, la información y, finalmente, a quienes producen riqueza. El empresario que hoy cree estar protegido por su cercanía con el régimen puede convertirse mañana en víctima de sus decisiones arbitrarias, que no se nos olvide que en el manual Chavista (Que ha venido siguiendo paso a paso la 4T desde sus inicios) venía como paso natural para la consolidación del poder, la nacionalización (expropiación) de bancos, televisoras y el despojo a los empresarios subrayado y entre comillado, por que estos son vistos, por mas botellitas de 24,000 pesos que les brinden, como enemigos del estado.
Por eso resulta tan peligrosa la comodidad de quienes piensan que podrán conservar privilegios, contratos o influencia sin pagar ningún costo. Los regímenes autoritarios no tienen aliados permanentes, tienen intereses temporales y colaboradores reemplazables.
México necesita empresarios exitosos, pero también empresarios con conciencia pública. Mujeres y hombres capaces de comprender que su responsabilidad no termina en el pago de impuestos, la generación de empleos o el cumplimiento de una nómina. Su voz, su influencia y su capacidad de convocatoria les otorgan también una responsabilidad frente al país.
Las empresas mexicanas no surgieron gracias a la voluntad de un gobernante. Se construyeron dentro de un sistema de libertades, propiedad privada, competencia, instituciones y reglas que generaciones enteras lucharon por consolidar. Defender ese sistema no es militar a favor de un partido; es proteger las condiciones que permiten emprender, invertir y crecer.
Alejandro Moreno tiene razón al afirmar que México debe estar por encima de cualquier contrato con el poder. Hoy cada dirigente empresarial tendrá que decidir qué desea proteger: la democracia que hizo posible el desarrollo de sus empresas o la relación momentánea con un gobierno que pretende concentrar cada vez más facultades, pero que visiblemente se está desgajando a nivel internacional por sus lazos con el crímen organizado y por su falta de políticas exteriores acertivas.
Llegará el momento en que ya no será suficiente decir que se actuó por prudencia, por estabilidad o para proteger los empleos. También habrá que explicar por qué se guardó silencio cuando las libertades fueron amenazadas, por qué se normalizaron los abusos y por qué algunos prefirieron cuidar su cercanía con el poder antes que defender al país.
Hay épocas en las que callar puede parecer conveniente, esta no es una de ellas y errores como salir a tomar unos tequilas con el clan más criticado por la opinión pública y en la mira, a todas luces de la justicia americana, se paga en el mejor de los casos con repudio social, en el peor con sospechas de complicidades y sanciones del gobierno vecino, mas cuando se tiene una empresa que invierte en puertos y suministra combustibles, perdón señores Beckmann y Garduño, pero salir a un restaurante en la Roma con los huachicoleros mayores, no parece una jugada nada inteligente.
México necesita carácter, congruencia y valentía, necesita empresarios capaces de levantar la voz antes de que desaparezcan las garantías que hoy creen tener aseguradas. Porque la democracia no se defiende solamente en las urnas, también se defiende rechazando la complicidad, denunciando los abusos y negándose a intercambiar la libertad por un contrato.
El silencio empresarial también tiene un precio y cuando finalmente llegue la factura, no la pagarán únicamente quienes decidieron callar: la pagaremos todos los mexicanos.
