El Gobierno federal propuso aumentar 140 por ciento el derecho que pagan las empresas ferroviarias por el uso de las vías, una medida que podría trasladarse a las tarifas del servicio y al precio de las mercancías transportadas por tren, de acuerdo con especialistas del sector.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluida en el Paquete Económico 2027, contempla elevar de 1.25 a 3.0 por ciento el derecho aplicado sobre los ingresos brutos de las concesionarias con más de 15 años de operación.
Carlos Barreda, especialista del sector ferroviario, señaló que el cambio podría repercutir en la cadena logística y afectar la competitividad del ferrocarril frente al autotransporte.
“Existe el riesgo de que este aumento se traslade al usuario final en la medida que las tarifas por el servicio se actualicen, y con ello, los precios de las mercancías que mueve el ferrocarril y que tienen implícito el componente del costo del transporte”, expresó.
Según Barreda, Ferromex y Canadian Pacific Kansas City (CPKC) estarían entre las principales empresas afectadas, al ser las dos grandes concesionarias privadas de carga. El incremento comenzaría a aplicarse a partir del año 16, conforme a la fecha de cada título de concesión.
Las concesiones con menos de 15 años y las nuevas quedarían fuera del ajuste y conservarían una tasa de 0.5 por ciento. En esas condiciones, la modificación no afectaría proyectos como el Tren Maya, el Interoceánico, el “Insurgente” México-Toluca ni el Tren al AIFA.
Los resultados financieros de Ferromex permiten estimar el posible efecto de la medida. En 2025, la empresa reportó ingresos netos por 48 mil 38 millones de pesos y una utilidad neta de 7 mil 254 millones de pesos.
Con la tasa propuesta aplicada a esos ingresos, el costo adicional habría sido de alrededor de 841 millones de pesos anuales, equivalente a 11.6 por ciento de su utilidad neta, antes de considerar el efecto fiscal derivado de la deducibilidad del derecho.
Ferromex pagó por este concepto 521 millones de pesos en 2023, 576 millones en 2024 y 626 millones durante 2025. Con una tasa de 3.0 por ciento, el desembolso podría superar los mil 500 millones de pesos anuales, dependiendo del nivel de ingresos y de cómo quede finalmente la reforma.
Barreda precisó que aún no es posible establecer qué porcentaje del incremento podría reflejarse en las tarifas ferroviarias, debido a que se actualizan anualmente y los aumentos requieren autorización gubernamental.
Óscar Cortés, socio fundador de la firma de consultoría Alttrac, coincidió en que todavía es prematuro calcular el impacto financiero directo del nuevo costo fiscal para la industria ferroviaria.
“Habrá que revisar la ‘letra chiquita’ en la iniciativa de Ley de Derechos, los transitorios y la exposición de motivos”, refirió.
