Diario Ejecutivo
- La polémica de Juan José Iturbide
- Verdad mediática ¿por encima de la legal?
- Interesante, un proyecto binacional de la SICT
Roberto Fuentes Vivar
El histórico aseguramiento de 59 millones de litros de combustible aparentemente ilegal (¿huachicol?), en San José Iturbide, Guanajuato, se ha convertido en una polémica entre la oposición y el actual gobierno, en la cual la verdad mediática parece imponerse a la verdad legal.
Durante por lo menos tres días, el diario Reforma, ha desplegado una serie de noticias en su primera plana que hacen aparecer ese operativo como un “error”, lo que ha motivado que la oposición incluso hasta pida la renuncia de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy.
Por su parte, las autoridades, hasta el momento han señalado que hasta el sábado era imposible determinar la legalidad de la totalidad de los 59 millones de litros de combustible que determinan el origen de este aseguramiento. La empresa por su parte, emitió un comunicado en el cual señala (obvio) que opera dentro de la ley.
El asunto ha rebasado la frontera de ser un asunto meramente policiaco, para convertirse en un caso político, por muchas razones, incluyendo hasta los permisos que año con año le fueron refrendados o incrementados a la empresa responsable por gobiernos federales, estatales y municipales del PRI y del PAN.
El caso desde luego impulsa dos narrativas: una de la oposición argumentando que el operativo fue un error y, de alguna manera, recuerda el asunto relacionado con Ernesto Ruffo Appel (exgobernador panista de Baja California), en el cual se insiste en que se trata de un “preso político”, aunque la verdad legal apunte a que el expolítico y empresario cometió ilícitos.
La otra narrativa es del Gobierno Federal que, poco a poco, ha comunicado los pormenores del asunto, mientras que la empresa prácticamente se ha deslindado del contenido que albergan sus grandes tanques de almacenamiento.
Lo que sucede hasta el momento es que existen juicios a priori, en los que mediáticamente se ha impulsado la idea de que se trata de una falla en el sistema de justicia mexicano, mientras que el Gobierno Federal ha sido incapaz de presentar la documentación que acredita la ilegalidad del combustible asegurado.
Es decir que, otra vez, algunos medios y la oposición, ya juzgaron y consideran que la (o las) empresa es inocente, sin que se hayan dado a conocer todos los detalles del asunto, lo que significa que la verdad mediática se impone a la verdad legal.
La versión de la oposición
De acuerdo con la IA, el diario mexicano Reforma informó que el publicitado aseguramiento histórico de 59 millones de litros de combustible en una planta de San José Iturbide, Guanajuato, se debió a un error de comunicación y falta de sustento legal. De acuerdo con lo publicado por este medio de comunicación, los puntos clave que exponen las fallas en el operativo son los siguientes: Operación regular: El combustible asegurado en los 10 tanques corresponde a inventarios ordinarios de firmas transnacionales de almacenamiento. De hecho, la planta opera como un esquema legal de depósito que suministra hidrocarburo tanto a Petróleos Mexicanos (Pemex) como a corporaciones internacionales. Falsa clausura: Aunque el Secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González, presumió el decomiso el 17 de septiembre, el operativo real en el predio ocurrió desde el 4 de septiembre. La planta nunca fue clausurada y ha operado con total normalidad desde el 10 de septiembre.
Otra fuente, el especialista Gonzalo Monroy, director general de GMC, entrevistado por José Cárdenas, señaló que el lugar donde se realizó el operativo corresponde a una terminal de Grupo SIMSA, que brinda servicio a Pemex, Valero y Mobil. Hasta ahora, no se ha confirmado que el combustible asegurado sea de procedencia ilegal o esté relacionado con huachicol. Posible error en aseguramiento de 59 millones de litros de combustible. De acuerdo con Gonzalo Monroy, las autoridades pudieron haberse equivocado al asegurar los cerca de 59 millones de litros de combustible localizados en instalaciones ubicadas en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide.
La versión oficial
En su más reciente comunicado, del sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que continúa con la investigación relacionada con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en un complejo de almacenamiento de hidrocarburos en el estado de Guanajuato, y afirmó que la institución “no ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado”.
También dio a conocer que instruyó que sea la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada la que continúe con la investigación y retiró el caso a la Fiscalía Especializada de Control Regional, la cual abrió el expediente y por medio de su representación en Guanajuato obtuvo el mandamiento judicial para realizar el cateo y aseguramiento de los combustibles presuntamente obtenidos de manera ilícita.
Añade que el Ministerio Público Federal investiga la presunta comisión de ilícitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como en el Código Fiscal de la Federación en Guanajuato.
La versión de la empresa
Gas Natural del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable. Informó que desde hace nueve años, Gas Natural del Noroeste opera la Terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, conforme al Permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y sus modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020, otorgado por la ahora Comisión Nacional de Energía, con una vigencia de treinta años. Además, cuenta con las autorizaciones ambientales y de seguridad industrial contenidas en los Oficios ASEA/UGI/DGGTA/0313/2016 y Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2835/2019, expedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. También es titular del permiso en materia ferroviaria SCT.6.11.413.-153/2018 otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En materia estatal y municipal, cuenta con el Permiso de Uso de Suelo, la licencia de funcionamiento y los vistos buenos de Protección Civil y de Medio Ambiente.
“Por tanto, la operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”.
Aspectos políticos
Un punto importante es que Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad del gobierno panista de Guanajuato, señaló que el golpe contra los huachicoleros de este 17 de septiembre no fue casualidad, sino que se dio tras una investigación “que se dio en la calle, con el aseguramiento de una pipa… “Se siguió su ruta y nos llevó hasta este lugar”.
Desde luego la empresa tiene un pasado político, Grupo Simsa fue fundado en 1967 por Salvador Issa Murra en Torreón, Coahuila, surtía gas licuado de petróleo y creció a partir del gobierno de Rogelio Montemayor Seguy como director de Pemex. director de Petróleos Mexicanos con Ernesto Zedillo.
Un miembro de la familia Issa (Salomón Juan Marcos Issa) fue diputado por el PRI y a la inauguración de la planta de San José Iturbide acudió Pedro Joaquín Coldwell, como secretario de Energía de Enrique Peña Nieto. La planta de Gas Natural del Noreste operó en alianza con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Incluso el exdiputado fue relacionado con el caso Blue Marine, que causó daños al erario por más de 47 millones de dólares a Pemex.
Además, la instalación y operación de la empresa fuero apoyada por los gobiernos panistas locales e Guanajuato de Miguel Márquez Márquez, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y la actual Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Hasta el momento, si bien existe la presunción de inocencia, no es posible asegurar que el operativo fue un error, pues faltan muchas indagaciones, pero la narrativa en este sentido ya está en marcha y cientos o millas de opositores inundan redes sociales con esa tesis.
Dice el filósofo del metro: la verdad no está desnuda, se arropa con narrativas partidistas.
Tianguis
Del paquete de 213 mil 868 millones de pesos que Jorge Mendoza presentó la semana pasada en la mañanera, correspondiente a 19 proyectos carreteros, Puerto Verde, en Piedras Negras, Coahuila, es el que mejor ilustra hacia dónde quiere moverse Banobras en materia de proyectos mixtos. La estructura es una empresa de participación estatal mayoritaria, con el 51 por ciento de las acciones en manos del Gobierno Federal y el resto repartido entre capital federal adicional y privado . Del lado mexicano, donde se concentra la mayor parte de la obra con 32 kilómetros de infraestructura y una inversión por más de cuatro mil millones de pesos. Del lado estadounidense el tramo es de apenas dos kilómetros, con 300 millones de pesos, y ya resolvió sus permisos ambientales más complejos. La construcción binacional completa tomará entre 24 y 25 meses, con arranque de obra en el último trimestre de este año y operación comercial proyectada para 2028 . Si el modelo de Inversión Mixta Piedras Negras cumple los tiempos anunciados, Banobras tendrá un caso de éxito replicable para otros cruces fronterizos que hoy enfrentan el mismo cuello de botella. Y ese activo para el banco de desarrollo es más potente que el puente en sí mismo… En un contexto donde los proyectos de infraestructura y energía enfrentan una creciente presión operativa, la capacidad de anticipar y gestionar riesgos se ha convertido en un elemento estratégico para garantizar la continuidad de las operaciones, proteger inversiones de alto valor y fortalecer la resiliencia de las organizaciones. “Hoy las empresas enfrentan riesgos mucho más complejos que hace algunos años. Los fenómenos naturales son cada vez más intensos y una interrupción puede comprometer no solo la operación de un proyecto, sino también su estabilidad financiera”, explicó Adriana Murra, subdirectora Comercial de Energía e Infraestructura de Lockton México. Y añadió: “Cuando una instalación deja de operar, las pérdidas no se limitan al daño físico. También existen incumplimientos contractuales, retrasos en proyectos, costos extraordinarios y una presión financiera que puede extenderse durante meses”, señaló Murra.
