La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero a Maquiladora de Lubricantes, empresa que entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 pagó 15 millones 059 mil 957 pesos por servicios profesionales a GMA Firma Jurídica y Fiscal, despacho fiscalista relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, su padre y su medio hermano.
De acuerdo con la documentación referida, el despacho emitió ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes, todas bajo el concepto de “honorarios por servicios profesionales”, entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022.
La facturación de GMA Firma Jurídica y Fiscal correspondiente al periodo de 2021 a 2026 ubica a Maquiladora de Lubricantes como su sexto mejor ingreso.
Entre los accionistas de la compañía se encuentra el empresario coahuilense Jesús Ricardo Puente Díaz, detenido el pasado 28 de mayo en Nuevo León y posteriormente vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al informar sobre su captura, la FGR lo identificó como “petrofacturero”.
Una segunda orden de aprehensión contra Puente, librada el 31 de agosto, señala que Maquiladora de Lubricantes “forma parte del esquema investigado” por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“En dicha causa penal su accionista y apoderado Jesús Ricardo Puente Díaz se encuentra vinculado a proceso por su participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado)”, establece el expediente citado.
La investigación federal está registrada con el número FED/SEIDO/UEIARVTAMP/0000308/2021. La causa penal corresponde al expediente 123/2026 del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, Altiplano.
Dentro de la causa judicial por la que Puente fue detenido en mayo, un juez de control también ordenó aprehender a Carlos Alberto Velázquez Nieto, Jesús Manuel Treviño Garza “El Bebo”, Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, quienes, de acuerdo con la información proporcionada, permanecen prófugos.
Las órdenes fueron emitidas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante la presunción de que los involucrados formarían parte de un esquema para lavar activos provenientes de delitos relacionados con hidrocarburos.
El expediente incluye además operaciones financieras de Distribuidora Industrial Fronteriza, Energética Carvel, Fase Chihuahua y HB Segind. La FGR señala que Velázquez es accionista, administrador único y representante legal de Energética Carvel, así como firmante autorizado de cuentas bancarias de esa empresa.
Sobre Fase Chihuahua, la investigación indica que es cliente de Energética Carvel y que, bajo la hipótesis de la Fiscalía, ese vínculo la incorpora al esquema financiero investigado.
En el mismo asunto, la FGR identifica a Guerrero como “operadora comercial y financiera de un esquema para el lavado de activos procedentes de delitos en materia de hidrocarburos”.
Según el documento judicial, un juez de Distrito concedió a Velázquez una suspensión de amparo que impide su captura, aunque existe una orden de aprehensión por delitos que contemplan prisión preventiva de oficio.
Tras esa protección judicial, se giró un citatorio para que Velázquez comparezca por su propio pie a una audiencia inicial en Almoloya de Juárez. En esa diligencia, la FGR busca formularle imputación y solicitar su vinculación a proceso; de momento, se desconoce si ya acudió.
