Por Fred Alvarez Palafox
@fredalvarez
El ataque armado en la Secundaria 13 del ejido La Unión, en Torreón, marca un punto de no retorno para el sistema educativo mexicano. La irrupción de dos exalumnos de 18 años, armados con machetes y explosivos caseros, expone la vulnerabilidad absoluta de los planteles frente a la violencia. Sin embargo, el primer quiebre que desnuda la incompetencia institucional provino de las autoridades de Coahuila: mientras los agresores lanzaron una amenaza misógina y letal —“Primer aviso, vamos por todas las mujeres”—, la Fiscalía estatal optó por minimizar el ataque, catalogándolo como vagos “sentimientos contra miembros del plantel”. Esta miopía oficial no solo encubre un acto de terrorismo premeditado, sino que invisibiliza la violencia de género implícita en la agresión.
El saldo de los hechos es intransigente: una subdirectora asesinada, un adolescente con lesiones graves y al menos cuatro heridos más. En este escenario, la narrativa documenta el abandono total del Estado.
Quien fungió como escudo frente a las bombas molotov no fue un protocolo de seguridad, sino Luis Carlos, el maestro de español que enfrentó el acero a mano limpia para desarmar a los atacantes.
Asimismo, la captura de los agresores no respondió a un despliegue táctico policial, sino a la intervención de los vecinos del ejido, quienes persiguieron y sometieron a los responsables. Las cifras que el gobierno estatal intentó matizar inicialmente palidecen ante la realidad de 170 alumnos que presenciaron cómo la violencia devoraba su escuela.
Esta inoperancia no es exclusiva de Coahuila. Casi en paralelo, la secundaria Esperanza Cabrera en Querétaro se convirtió en otra escena de crimen cuando un alumno apuñaló a tres trabajadores administrativos y a un compañero.
La respuesta del gobierno queretano fue un ejercicio de cinismo burocrático: se apresuraron a anestesiar el impacto público presumiendo sus “protocolos activados” y celebrando que las víctimas se reportaban “estables”, evadiendo de tajo la falla estructural que permite a un estudiante ingresar y atacar con un arma blanca dentro de un plantel.
Frente a esta metástasis de violencia, el posicionamiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel nacional resulta inaceptable. La dependencia se limitó a emitir una escueta tarjeta informativa con condolencias de molde, afirmando que “respetarán las investigaciones” y “lamentan profundamente los reprobables hechos”. Pura burocracia de escritorio para responder a machetes y explosivos.
La lección precisa y dolorosa que dejan estos eventos es que el Estado siempre llega tarde a las aulas.
Nuestras escuelas han dejado de ser refugios, y la única línea de defensa termina siendo el arrojo de los ciudadanos o la sangre de los maestros.
Por ello, la exigencia es directa para el titular de la SEP, Mario Delgado: las tarjetas informativas no apagan bombas molotov.
¿Qué va a hacer el Estado, operativamente y en lo inmediato, para evitar estas masacres y recuperar las aulas que hoy le han sido arrebatadas por el terror?
