Con los niños no: la salud no es ring político

Astrolabio Político

Por: Luis Ramírez Baqueiro

“La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”.— Arthur Schopenhauer.

La atención médica exige resultados, transparencia y responsabilidad; convertir el sufrimiento de los pacientes en instrumento de confrontación política no resuelve las carencias de los hospitales.

En Veracruz, la discusión sobre la salud pública ha comenzado a transitar por dos caminos que no necesariamente conducen al mismo destino: uno relacionado con el abastecimiento de medicamentos, la rehabilitación hospitalaria y la atención de los pacientes; el otro, marcado por una confrontación política que amenaza con desplazar del centro del debate a quienes verdaderamente importan: los enfermos.

La reciente polémica por las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García, particularmente por su referencia al llamado “show mediático”, demuestra cómo unas cuantas palabras pueden terminar por imponerse sobre el contexto de una explicación mucho más amplia.

La mandataria aclaró que sus señalamientos no estaban dirigidos a las madres de niñas y niños con cáncer, tampoco a sus familias ni al personal médico que diariamente enfrenta las dificultades del sistema hospitalario.

Su cuestionamiento, explicó, estaba relacionado con el aprovechamiento político de un caso de salud que previamente había sido presentado en una entrevista nacional de la periodista Azucena Uresti con un médico que también ha participado en actividades políticas.

La diferencia resulta fundamental.

Cuestionar el tratamiento mediático de una denuncia no equivale a descalificar el sufrimiento de los pacientes. Sin embargo, tampoco debe perderse de vista que cualquier denuncia sobre medicamentos faltantes merece investigación, independientemente de quién la formule.

“No debemos permitir que de ninguna manera se use a los enfermos y menos a nuestros niños o niñas para cualquier otro tema”, expresó Nahle este jueves.
El mensaje tiene una dimensión que trasciende la controversia: con los niños no; la salud no puede convertirse en un ring político.

Pero existe otro componente de esta discusión que merece atención: el trabajo de supervisión hospitalaria.

De acuerdo con el balance presentado por la propia gobernadora, hasta ahora ha recorrido 31 de los 61 hospitales del IMSS Bienestar en Veracruz. No se trata únicamente de visitas protocolarias. La mandataria ha explicado que ingresa a las farmacias, revisa inventarios, identifica faltantes y excedentes, conversa con médicos y enfermeras, verifica instalaciones y registra necesidades pendientes.

El objetivo es conocer directamente las condiciones de operación de los hospitales y corregir deficiencias que afectan la prestación de los servicios.

La propia gobernadora ha reconocido que existen carencias, instalaciones necesitadas de mantenimiento, unidades que requieren ampliaciones y personal que demanda mejores condiciones laborales.

También ha señalado que, mientras buena parte de las unidades dispone de medicamentos y material de curación, los faltantes detectados deben atenderse mediante abastecimiento y redistribución desde hospitales con excedentes.

Naturalmente, el verdadero resultado de estos recorridos tendrá que medirse en recetas surtidas, tratamientos continuos, infraestructura funcional y pacientes oportunamente atendidos.

Porque una farmacia abastecida no puede ser solamente una fotografía oficial: debe convertirse en una garantía cotidiana para quienes necesitan medicamentos.

En ese contexto cobra relevancia el proyecto de universalización de los servicios de salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya consolidación requiere coordinación entre las autoridades federales y estatales.

La salud, al igual que la educación, ocupa un lugar prioritario en la agenda que ha planteado la administración de Rocío Nahle.

No obstante, la discusión pública también exige distinguir entre la crítica legítima, indispensable en cualquier democracia, y los intentos de utilizar una denuncia médica exclusivamente como herramienta de confrontación.

Es precisamente ahí donde adquieren importancia las dos narrativas que hoy se disputan la atención pública: la de quienes presentan las acciones gubernamentales para resolver las carencias y la de quienes cuestionan sus resultados, sus tiempos y su eficacia.

Ambas deben someterse a la prueba de los hechos.

Y existe una deuda histórica que tampoco puede ignorarse.

Durante décadas, el sistema público de salud mexicano enfrentó denuncias de desvío de medicamentos, irregularidades en servicios subrogados, compras cuestionadas y presuntas prácticas mediante las cuales insumos destinados a pacientes de instituciones públicas terminaban fuera de sus canales oficiales.

Esos antecedentes merecen investigaciones documentadas, responsabilidades individualizadas y sanciones cuando se acrediten delitos. No pueden convertirse en acusaciones indiscriminadas contra el personal médico, cuya mayoría desempeña una labor indispensable.

La discusión sobre los recursos públicos también debe incluir el escrutinio de los contratos, las compras, los inventarios y las cadenas de distribución, tanto de administraciones anteriores como de la actual.

Porque detrás de cada medicamento que falta puede existir una historia de sufrimiento, pero también una falla administrativa que debe corregirse.

La oposición tiene derecho a cuestionar al gobierno. Los periodistas tienen la obligación de investigar y los médicos, la responsabilidad profesional de denunciar condiciones que comprometan la atención.

Lo que nadie debería hacer es convertir a los pacientes, especialmente a las niñas y niños con cáncer, en instrumentos de una disputa partidista.

La gobernadora ha puesto sobre la mesa una ruta de supervisión directa. Ahora corresponde demostrar que esa intervención se traduce en soluciones permanentes.

Al final, la verdadera discusión no debería concentrarse en quién obtiene mayor ventaja de una controversia mediática, sino en quién garantiza que los enfermos reciban el tratamiento que necesitan.

Porque los pacientes no necesitan discursos enfrentados, sino medicamentos, médicos, hospitales funcionales y atención digna.

Y con los niños, definitivamente, no.

SEXTANTE

IPE: entre la viabilidad financiera y las pensiones privilegiadas

Una nueva controversia comienza a instalarse alrededor del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Algunas voces advierten sobre un supuesto colapso financiero del organismo y atribuyen sus dificultades a decisiones administrativas recientes. Sin embargo, esa interpretación merece contrastarse con los resultados institucionales y, particularmente, con la estructura histórica de las obligaciones pensionarias.

El IPE no puede analizarse exclusivamente desde el monto de sus reservas o sus necesidades presupuestales. También resulta indispensable revisar la relación entre las aportaciones realizadas durante la vida laboral y las prestaciones reconocidas al momento del retiro.

Ahí aparece una discusión incómoda: la existencia de pensiones extraordinariamente elevadas y la necesidad de verificar que sus beneficiarios hayan cumplido los requisitos legales y las cotizaciones correspondientes.

No sería justo afirmar, sin revisar expedientes, que todas esas prestaciones son irregulares. Pero tampoco sería responsable ignorar la posibilidad de que durante administraciones anteriores se hubieran autorizado beneficios desproporcionados o incompatibles con las aportaciones efectivamente realizadas.

La aplicación del salario regulador, contemplado desde la Ley 287 de 2014, forma parte de esa discusión. El propio director del organismo, Luis Octavio Hernández Lara, ha explicado que no representa un descuento automático y generalizado, sino un mecanismo cuya aplicación depende de las condiciones legales y salariales de cada trabajador.

También es cierto que diversas organizaciones sindicales han expresado preocupaciones sobre sus efectos en las pensiones futuras. Esas inquietudes merecen respuestas técnicas y jurídicas, no descalificaciones.

Hay, además, antecedentes de recuperación institucional que deben incorporarse al análisis. Desde la gestión de Daniela Griego Ceballos y ahora bajo la dirección de Hernández Lara, se han reportado acciones para fortalecer la reserva técnica, ordenar las finanzas y mejorar la sostenibilidad del sistema. El informe institucional de 2025 presentó avances en esas materias.

Pero mejorar las reservas no elimina automáticamente los desafíos estructurales.

Por eso resulta pertinente discutir una revisión actuarial profunda, la legalidad de las pensiones más elevadas, la proporcionalidad de las aportaciones y las alternativas de financiamiento, sin desconocer derechos adquiridos ni imponer cargas contrarias a la legislación.

Incluso cualquier propuesta para modificar las contribuciones de jubilados tendría que superar un análisis constitucional y financiero riguroso.

El verdadero riesgo para el IPE no está en abrir la discusión sobre su futuro, sino en convertirla en otra batalla política que impida tomar decisiones responsables.

Porque defender al Instituto no significa negar sus dificultades; significa garantizar que quienes cotizaron durante décadas puedan recibir una pensión justa, mientras se impide que eventuales privilegios indebidos comprometan el patrimonio colectivo.

Y esa responsabilidad corresponde tanto a las autoridades como a los sindicatos y a quienes hoy exigen transparencia en el manejo del organismo.

Al tiempo.

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“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx