Nacional
Sheinbaum niega pacto con Maru Campos para proceder contra César Jáuregui
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un pacto político con la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, para proceder contra el ex fiscal César Jáuregui Robles, detenido por su presunta participación en un operativo con agentes estadounidenses de la CIA que no tenían autorización para intervenir en territorio mexicano.
La mandataria rechazó las versiones de un supuesto acuerdo para ofrecer una embajada a Campos a cambio de permitir acciones legales contra su ex colaborador. Sostuvo que las investigaciones corresponden únicamente a las fiscalías.
“Primero, para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, eso lo digo con toda claridad”, afirmó.
Sheinbaum explicó que la indagatoria federal comenzó después de que dos agentes del Gobierno de Estados Unidos murieron en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara. Los agentes habían participado con autoridades de Chihuahua en una incursión vinculada con un presunto laboratorio de metanfetaminas.
Según la Presidenta, los agentes extranjeros no contaban con los permisos necesarios para intervenir en operaciones de seguridad en México. También cuestionó la participación de la Fiscalía de Chihuahua en una actividad que, dijo, corresponde exclusivamente a autoridades federales.
“Primero, no desmantelaron ningún laboratorio. Segundo, no tenía atribuciones o no tiene atribuciones una fiscalía estatal para desmantelar un laboratorio. Solamente la Fiscalía General de la República tiene esas atribuciones”, señaló.
Jáuregui Robles fue detenido el pasado 17 de octubre por autoridades estatales, que le imputaron presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición. De forma paralela, la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la investigación federal incluyó más de 100 actos de investigación y atribuyó al ex fiscal haber permitido la intervención de agentes extranjeros sin la autorización correspondiente.
Sheinbaum detalló que autoridades federales revisaron las condiciones de ingreso de los agentes estadounidenses a México y detectaron que entraron bajo consideraciones distintas de las requeridas para intervenir en ese tipo de operativos.
“A partir de ahí, la Fiscalía General de la República inicia una investigación de por qué había la presencia de agentes estadounidenses en un operativo y empiezan la investigación. Por supuesto que llama a declarar a autoridades de Chihuahua”, explicó.
Ante los cuestionamientos sobre el alcance de las indagatorias, la Presidenta no descartó una posible responsabilidad de Maru Campos, aunque precisó que cualquier procedimiento contra la Gobernadora tendría que sustentarse en elementos probatorios.
“No depende de mí exonerar a una persona o a otra. Es una decisión de la Fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la Fiscal, sino de la propia investigación”, sostuvo.
Sheinbaum insistió en que el Gobierno federal no determina responsabilidades penales y que corresponde al Ministerio Público reunir las pruebas para solicitar las medidas judiciales necesarias.
“La Fiscalía investiga hasta donde hay pruebas, porque hay un sistema penal acusatorio y dentro de ese marco tiene que encontrarse una prueba para pedir una orden de cateo, de lo que dependa del delito, a un juez”, indicó.
La mandataria adelantó que la audiencia federal de César Jáuregui estaba programada para este martes, cuando la FGR tendría que presentar ante un juez los elementos que sustentan la acusación por presunta traición a la patria.
Finalmente, Sheinbaum diferenció la conducta atribuida al ex fiscal de las declaraciones de dirigentes de oposición que han solicitado la intervención de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos. Consideró que esas expresiones son políticas y que no deben derivar en procedimientos judiciales.
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