ASF indaga presuntas irregularidades por 514 millones de pesos en contratos del INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de identificar indicios de irregularidades, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

De acuerdo con información revelada a REFORMA por fuentes cercanas a las investigaciones, las anomalías involucran contratos por 514 millones de pesos otorgados por el INE a empresas vinculadas con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, quien mantiene vínculos directos con la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

En un comunicado, la ASF indicó: “A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.

Uno de los hallazgos corresponde a Corporativo ZEG, que obtuvo contratos por 184 millones de pesos con el INE pese a tener únicamente cinco empleados registrados. Según las indagatorias, la empresa transfirió 167 millones de pesos a otras cuatro compañías, operaciones consideradas por las autoridades como parte de una presunta triangulación de recursos.

Además, Corporativo ZEG subcontrató servicios y recibió facturas de personas morales que habían realizado operaciones con empresas factureras, como parte de las anomalías detectadas en la revisión.

Otra compañía señalada es TOL Producciones, que recibió más de 300 millones de pesos en contratos del INE durante 2025, luego de participar en licitaciones en bloque junto con Corporativo ZEG y Cajas Graf.

De acuerdo con las pesquisas de la ASF, TOL Producciones registró operaciones simuladas y aparece como empresa sancionada por autoridades fiscales, según registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT). También obtuvo contratos por 30 millones de pesos con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en distintas entidades.

Los hallazgos se relacionan con una red empresarial vinculada con Hernández Casillas, cuyas operaciones también han sido examinadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Según la información publicada, la UIF reportó ilícitos en contrataciones asociadas con una red de siete empresas propiedad del proveedor.

La ASF precisó que su investigación incluirá al INE, los OPLES, empresas, servidores públicos y proveedores que pudieran estar relacionados con las operaciones señaladas.

Aunque el órgano fiscalizador confirmó la existencia de indicios de irregularidades, no identificó públicamente a las empresas involucradas ni detalló los montos de los contratos bajo revisión. Los datos sobre los 514 millones de pesos y las compañías señaladas fueron proporcionados a REFORMA por fuentes cercanas a las indagatorias.