ASF investiga presuntas irregularidades por 514 millones en contratos del INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de identificar indicios de irregularidades que, según información revelada a REFORMA por fuentes cercanas a las indagatorias, involucran contratos por 514 millones de pesos.

Las revisiones se relacionan con empresas vinculadas con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, quien mantiene vínculos directos con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Entre las anomalías señaladas se encuentran posibles simulaciones de convenios, triangulación de recursos, conflictos de interés y operaciones con compañías factureras.

Uno de los casos corresponde a Corporativo ZEG, empresa que obtuvo contratos por 184 millones de pesos con el INE pese a tener cinco empleados registrados. De acuerdo con las indagatorias, la compañía transfirió 167 millones de pesos a otras cuatro empresas, movimientos identificados por las autoridades como parte de una presunta triangulación de recursos.

Además, Corporativo ZEG subcontrató servicios y recibió facturas de personas morales que habían realizado operaciones con empresas factureras, como parte de las anomalías detectadas durante la revisión.

Otra empresa señalada es TOL Producciones, que recibió más de 300 millones de pesos en contratos del INE durante 2025, tras participar en licitaciones en bloque con Corporativo ZEG y Cajas Graf.

Según las pesquisas de la ASF, TOL Producciones registró operaciones simuladas y aparece como empresa sancionada por autoridades fiscales, de acuerdo con registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La compañía también obtuvo contratos por 30 millones de pesos con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en distintas entidades.

Los hallazgos forman parte de investigaciones sobre una red empresarial vinculada con Hernández Casillas, cuyas operaciones también han sido revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con la información publicada, la UIF reportó ilícitos en contrataciones relacionadas con una red de siete empresas propiedad del proveedor.

La ASF informó en un comunicado que ya cuenta con elementos e indicios sobre irregularidades en diversas contrataciones. “A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, indicó.

El órgano fiscalizador precisó que la investigación abarcará al INE, los OPLES, empresas, servidores públicos y proveedores que pudieran estar relacionados con las operaciones señaladas.

Aunque la ASF confirmó la existencia de indicios de irregularidades, no identificó públicamente a las empresas involucradas ni detalló los montos de los contratos bajo revisión. Las cifras sobre los 514 millones de pesos y las compañías señaladas fueron proporcionadas a REFORMA por fuentes cercanas a las indagatorias.