Oposición acusa distractor en auditoría al INE ante señalamientos sobre Taddei

La decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de revisar las contrataciones públicas del sistema electoral mexicano entre 2000 y 2025 generó posturas encontradas en el Senado. Legisladores de oposición acusaron que la fiscalización podría utilizarse para desviar la atención de las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

La auditoría abarcará contratos del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del actual INE y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), lo que implicaría revisar 25 años de operaciones administrativas.

Morena respaldó la investigación sin importar la antigüedad de los hechos. En contraste, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que se revisen contrataciones de hace más de dos décadas mientras, señalaron, permanecen pendientes los señalamientos recientes contra la administración electoral.

El senador sin partido Manlio Fabio Beltrones advirtió que una pesquisa de ese alcance podría convertirse en un instrumento político, debido a los plazos de prescripción de responsabilidades penales, administrativas y fiscales. Explicó que las penales prescriben a los cinco años y las administrativas o fiscales a los diez, por lo que cuestionó los resultados de una revisión que inicia en el año 2000.

Beltrones anunció además que presentará una iniciativa para restablecer mecanismos colegiados e impedir que los nombramientos de funcionarios del INE dependan de decisiones unilaterales. Su propuesta plantea que las contrataciones superiores a 10 millones de pesos sean aprobadas por el Consejo General del INE y no por una sola persona.

El senador panista Miguel Márquez calificó la revisión histórica como una “cortina de humo” y pidió a la ASF concentrarse en esclarecer las presuntas irregularidades actuales en el organismo electoral. “Que caiga quien caiga”, expresó al exigir investigaciones sin protección para ningún funcionario y al señalar la necesidad de garantizar imparcialidad, certeza y legitimidad rumbo a las elecciones de 2027.

Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas consideró “completamente sin sentido” extender las indagatorias hasta 2000. Acusó que podrían convertirse en una “cacería de brujas” contra administraciones anteriores mientras siguen pendientes los señalamientos sobre contrataciones recientes del INE. Sostuvo que las autoridades deben responder por lo ocurrido durante 2026 y evitar que las investigaciones históricas impidan esclarecer las presuntas anomalías actuales.

El priista Rolando Zapata coincidió en que la prioridad debe ser transparentar las decisiones tomadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales. Aunque reconoció que una revisión histórica puede ajustarse a la normatividad, dijo que la ciudadanía espera respuestas sobre las irregularidades denunciadas en la administración reciente.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, defendió las facultades de la ASF para investigar contrataciones de cualquier periodo cuando exista sustento legal. Rechazó que la revisión sea una maniobra distractora y sostuvo que las indagatorias deben llegar a todas las instituciones donde haya posibles actos de corrupción. “Vamos a limpiar todo. Vamos a darle una sacudida”, expresó.

El senador del Partido Verde Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que, aunque puede haber razones para revisar auditorías previas, también deben considerarse las capacidades presupuestales y operativas de la ASF. “Lo más valioso es cuidar los recursos de la Auditoría Superior de la Federación, que no son los que debieran ser”, manifestó.

Ramírez Marín agregó que las auditorías deben enfocarse no sólo en identificar posibles irregularidades, sino también en recuperar recursos públicos y establecer sanciones contra funcionarios responsables, sin dejar de atender los expedientes de fiscalización de los años recientes.