Clara Luz Flores denuncia ante la FGR a Samuel García y Mariana Rodríguez por presuntos desvíos

Clara Luz Flores, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, presentó el miércoles 4 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y el padre del mandatario, Samuel Orlando García Mascorro, por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La morenista solicitó investigar una presunta red de empresas que habría sido utilizada para triangular recursos públicos del Gobierno estatal hacia un despacho jurídico relacionado con García y su entorno familiar. La denuncia también contempla el posible delito de ejercicio abusivo de funciones y señala a otras personas que pudieran resultar responsables de las operaciones investigadas.

Flores mencionó como antecedentes una denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades que involucran 7 mil 212 millones de pesos. También refirió contratos por 110 millones de pesos otorgados por la administración estatal a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presuntamente vinculadas con el crimen organizado.

Frente a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, Flores señaló que investigaciones periodísticas han reportado una presunta red empresarial mediante la cual recursos públicos del Gobierno de Nuevo León habrían llegado a un despacho jurídico vinculado con el gobernador y su familia.

Por separado, Flores interpuso una segunda querella contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y Jovita Morín Flores, excontralora municipal y militante del PAN, por presunta delincuencia organizada, cohecho, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta acusación se relaciona con el caso Next Energy, una contratación con autorización presupuestal de 7 mil 370 millones de pesos, cuya legalidad fue cuestionada por Flores.

Para ambas investigaciones, solicitó la participación del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la ASF, a fin de reconstruir operaciones financieras, localizar las cuentas utilizadas e identificar a los beneficiarios finales.

Flores sostuvo que García y De la Garza habrían aprovechado sus responsabilidades públicas para favorecer intereses particulares y comprometer recursos del erario. Añadió que la eventual responsabilidad penal corresponde determinarla a las autoridades competentes.

Finalmente, cuestionó la postura que, según afirmó, asumió Samuel García al responder a un procedimiento de juicio político ante el Congreso de Nuevo León, donde el mandatario habría argumentado que los recursos dejan de tener carácter público cuando el Gobierno paga a proveedores privados.