Morena tiene los votos para ley de rentas

Mensaje Político

Alejandro Lelo de Larrea

La estimación es que a finales de mes o la primera semana de diciembre el Congreso de la Ciudad de México aprobará la iniciativa que presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, conocida como la ley de rentas justas.

Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para reformar la Constitución, con todo y los amagues del presidente del PVEM en la capital, Jesús Sesma, de que no van a apoyar ese proyecto, lo cual no está en sus manos, porque él no es quien decide el sentido de los votos de su partido.

Sesma solo va a acatar lo que le ordene el Niño Verde desde Quintana Roo, y hay razones suficientes para que respalden en todo a la 4T, porque así fue el acuerdo de la alianza 2024 con Morena, el cual les dio en el caso de la Ciudad de México poco más del 11% de la votación legislativa y de ese tamaño sus prerrogativas. Mucho más que en 2021, que los verdes con muchos trabajos rebasaron el 3% de los sufragios.

En el PAN es entendible que estén en contra de esa iniciativa, porque al final de cuentas ellos representan intereses empresariales, y en este caso no se trata de una reforma dirigida a quienes tienen otro inmueble y lo rentan para completar los ingresos para su sustento. La reforma va dirigida, aunque no lo planteen así, a los llamados “fondos buitre” o las “FIBRA’S (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces). En el primer caso, son fondos privados que buscan comprar activos o propiedades a precios muy bajos a particulares que están en dificultades financieras.

Las FIBRA’s no necesariamente se aprovechan de las circunstancias de quiebra, pero sí adquieren predios, departamentos, casas, edificios para generar una dominancia en el mercado. En ambos casos son los que realmente provocan la gentrificación, porque su control les permite manipular al alza el mercado de las rentas, por supuesto en detrimento del ciudadano.

En este rubro también entran propietarios de muchos inmuebles, entre los cuales hay constructoras coludidas con políticos (de todos los partidos, ninguno se salva, como ahora el caso de Iztacalco), que en relaciones truculentas de complicidad se han beneficiado de la especulación inmobiliaria, incluso llegando a la creación de cárteles inmobiliarios.

Todo esto tuvo sus orígenes en el Bando 2 que emitió la administración de AMLO en la CDMX, en 2001.

Los grandes intereses inmobiliarios explican por qué la Asociación de Bancos de México ha pedido modificar la iniciativa de Brugada, con propuestas que si se aplicaran, ya no tendría razón de ser la reforma, porque quedaría totalmente descafeinada.

En esencia, Brugada ajustar aumentos de renta anuales a la inflación y sancionar al propietario que incumpla; crear la Defensoría de Derechos Inquilinarios; establecer un registro digital de contratos de arrendamiento; regular las garantías exigidas para rentar y evitar requisitos excesivos; incorporar una serie de sanciones para propietarios y arrendatarios, y sanciones para los inquilinos que dañen los inmuebles.

Los banqueros propusieron la semana pasada a legisladores del PAN que prácticamente se quite todo eso. Piden que si hay cambio de inquilino, puedan subir la renta más que la inflación; que la inscripción de contratos sólo tenga fines estadísticos; de las garantías, sólo flexibilizarlas; limitar las facultades de la Defensoría Inquilinaria y otorgar mayores atribuciones al Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos. En resumen, sería una reforma gatopardista, un cambio para que todo siga siendo igual. Morena y aliados tienen los votos, si la oposición no los acompaña, usarán su mayoría, como en otros casos. Lo veremos.