15 escándalos ligados a la 4T en casi ocho años: una renuncia y sin condenas a principales señalados

Al menos 15 escándalos relacionados con presuntos actos de corrupción, conflictos de interés, nepotismo y desvío de recursos han involucrado a funcionarios y personas cercanas a la Cuarta Transformación (4T) durante casi ocho años, sin condenas contra los principales personajes políticos señalados, de acuerdo con una revisión de EL UNIVERSAL.

El recuento abarca irregularidades en organismos federales y obras prioritarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado y contrataciones cuestionadas durante la administración de Claudia Sheinbaum.

El caso más reciente referido es la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en octubre de 2026, tras revelaciones sobre presuntos conflictos de interés, contratos irregulares y relaciones con proveedores electorales.

Aunque se investigan posibles desvíos de recursos y abuso de funciones, hasta el momento no se han determinado responsabilidades penales contra la expresidenta del organismo electoral.

Entre los expedientes de mayor alcance figura el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado durante el sexenio de López Obrador y encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle. Las pesquisas por presuntos desvíos millonarios alcanzaron a exfuncionarios como René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez, contra quienes la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión.

Sin embargo, según la revisión periodística, el expediente de Segalmex continúa sin sentencias definitivas contra los principales señalados.

En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) surgieron investigaciones por presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos. En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la separación de seis funcionarios, mientras se reportaba la existencia de al menos 13 investigaciones.

Otro expediente es el denominado huachicol fiscal. En marzo de 2025, autoridades aseguraron aproximadamente 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas, en investigaciones sobre presuntas redes de contrabando.

Entre los militares señalados se encuentran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, familiares políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. En las indagatorias también aparecieron referencias a Andrés Manuel López Beltrán, luego de testimonios que indicaron que su nombre habría sido utilizado para facilitar operaciones vinculadas con combustible ilegal.

La FGR informó que no contaba con elementos suficientes para iniciar una investigación contra López Beltrán.

Los señalamientos también alcanzan a Ana Gabriela Guevara, quien dirigió la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte entre 2018 y 2024. La Auditoría Superior de la Federación presentó cinco denuncias penales por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2019 a 2022, sin detenciones reportadas por esos expedientes.

En las obras prioritarias del sexenio anterior figuran el Tren Maya y la Refinería Olmeca de Dos Bocas. Para el Tren Maya, la ASF identificó observaciones por presuntos pagos a sobreprecio, anticipos, diferencias en volúmenes de obra y deficiencias en la supervisión de contratos.

Existen al menos cinco denuncias penales relacionadas con Rogelio Jiménez Pons y otros exdirectivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aunque las investigaciones no habían derivado en procesos penales, según el recuento.

En el caso de Dos Bocas, el proyecto pasó de una estimación inicial de 8 mil millones de dólares a un costo superior a 20 mil millones. Las controversias generaron al menos 35 denuncias contra la exsecretaria de Energía Rocío Nahle, sin que se hayan judicializado.

La lista incluye la llamada Casa Gris, relacionada con José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, quienes habitaron una residencia en Houston vinculada a un entonces ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex. Las autoridades anticorrupción concluyeron que no había elementos para acreditar un conflicto de interés.

También se mencionan las investigaciones sobre Jorge Amílcar Olán Aparicio y Alejandro Castro Jiménez Labora, empresarios identificados como cercanos a Andrés Manuel López Beltrán y señalados en diversas denuncias por presuntas irregularidades contractuales.

Otro episodio involucró a Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, luego de revelarse que permaneció alrededor de seis meses en la residencia oficial de la Embajada de México en Londres. El funcionario reconoció la estancia en abril de 2026, aunque sostuvo que no hubo uso indebido de recursos públicos.

Respecto a los videos de Pío López Obrador, hermano del expresidente, en los que aparece recibiendo dinero en efectivo para presuntas aportaciones políticas, el INE resolvió en agosto de 2025 que no había pruebas suficientes para establecer que los recursos beneficiaron a Morena.

Entre los casos de mayor gravedad están las acusaciones de autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, pero las autoridades mexicanas señalaron que no había elementos probatorios suficientes para proceder conforme a la legislación nacional. La acusación estadounidense no constituye una sentencia condenatoria.

En Tabasco, el recuento refiere la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal señalado como dirigente del grupo criminal La Barredora durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Según la revisión, existen 37 denuncias penales relacionadas con Adán Augusto López, las cuales fueron archivadas ante la falta de evidencias suficientes para acreditar su responsabilidad.

El reporte también incluye 209 denuncias contra delegados del gobierno federal por presuntas irregularidades en el manejo de programas sociales entre 2018 y 2024. De esos expedientes, 181 fueron archivados por autoridades anticorrupción.

Otro caso corresponde a María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del Conahcyt, por la presunta adjudicación de un contrato superior a cuatro millones de pesos a un despacho de arquitectos relacionado con el diseño de la vivienda de su hija. Las revelaciones derivaron en tres denuncias administrativas y una penal, sin sanciones reportadas.

La excomisionada del INE Jacqueline Peschard consideró que existe una falta de autonomía institucional que dificulta las investigaciones contra funcionarios de alto nivel. Señaló que la acumulación de controversias provoca que los nuevos casos desplacen a los anteriores y complique su seguimiento público.

Por su parte, Norma Julieta del Río Venegas, excomisionada del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, cuestionó el funcionamiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción y advirtió sobre el riesgo de normalizar este tipo de señalamientos.

La revisión de EL UNIVERSAL distingue entre denuncias, investigaciones administrativas, procesos judiciales y responsabilidades acreditadas. La existencia de señalamientos o expedientes abiertos no implica que las personas involucradas hayan cometido delitos, pues corresponde a las autoridades determinar responsabilidades en cada caso.