Tras presuntas irregularidades en el INE, Gobierno de Sheinbaum alista reforma anticorrupción

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara un paquete de reformas constitucionales y legales en materia anticorrupción que contempla eliminar el fuero de legisladores y altos funcionarios, fortalecer a la Fiscalía General de la República (FGR) y recuperar recursos públicos desviados.

La iniciativa toma fuerza en medio de las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), un caso que, de acuerdo con la información disponible, derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo y abrió investigaciones sobre contratistas y funcionarios por posibles conflictos de interés y manejo de recursos públicos.

Diputados y senadores de Morena cercanos a la mandataria trabajan en modificaciones para transformar el Sistema Nacional Anticorrupción, reorganizar las auditorías y ampliar las herramientas de investigación y sanción por el uso indebido de dinero público.

Las primeras iniciativas buscan presentarse antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Por el alcance de los cambios, también se contempla convocar a un periodo extraordinario en enero para discutirlas.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, encabeza parte de los trabajos legislativos. Ha señalado que las propuestas implicarían modificaciones a una decena de ordenamientos, entre ellos la Ley Orgánica de la FGR.

Entre los planteamientos está fortalecer la autonomía presupuestal de la Fiscalía y de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, así como mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar irregularidades y sancionar a los responsables.

“Estamos trabajando en una reforma integral para reconstruir el sistema de auditorías en el país y fortalecer el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”, ha dicho el legislador.

La eliminación del fuero constitucional figura entre los puntos más sensibles del paquete, pues permitiría retirar la protección jurídica que determinados servidores públicos tienen frente a procesos penales. Sheinbaum respaldó debatir este planteamiento en marzo de 2025.

“Siempre estuvimos en contra del fuero. Se debe poner a debate”, declaró entonces la presidenta.

Otra propuesta busca ampliar la aplicación de la extinción de dominio para recuperar bienes y recursos financieros vinculados con actos ilícitos. También plantea reforzar las investigaciones sobre huachicol fiscal y redes de facturación falsa, además de establecer mecanismos de prevención y fiscalización del presupuesto público.

El impulso de las reformas ocurre después de que se revelaran presuntas irregularidades en contratos del INE. La controversia alcanzó a la expresidenta Guadalupe Taddei, cuya salida de la presidencia del Instituto ocurrió en medio de señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y contrataciones cuestionadas.

El paquete enfrenta resistencias dentro de Morena, donde existen diferencias sobre el alcance de las modificaciones. Ramírez Cuéllar ha evitado confirmar que intereses internos obstaculicen las iniciativas, aunque reconoció que su aprobación dependerá del respaldo político que obtengan.

“Vamos a presentar las propuestas. Veremos quién las apoya”, expresó.

Entre los antecedentes de desacuerdos en el oficialismo se encuentra la iniciativa contra el nepotismo electoral, cuya aplicación pasó de 2027 a 2030 por presiones de aliados políticos. También ha habido diferencias sobre la reforma político-electoral, que planteaba eliminar espacios de representación proporcional en el Congreso y adelantar la consulta de revocación de mandato para coincidir con las elecciones del próximo año.

En el caso del sistema anticorrupción, la independencia de las instituciones de vigilancia será otro tema de discusión, particularmente tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) en mayo de 2025, cuando sus funciones quedaron bajo control gubernamental.

La propuesta busca reorganizar las responsabilidades de fiscalización e investigación. La autonomía de las fiscalías y la publicidad de los resultados de las auditorías son asuntos que deberán abordarse en el proceso legislativo.

En la elaboración del paquete participan representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación de Bancos de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

También se han incorporado magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, representantes de la Comisión Antimonopolios, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción.

Como parte de las gestiones legislativas, Ramírez Cuéllar presentó este lunes una parte de las propuestas al presidente del Senado, Higinio Martínez, mientras continúa la preparación de las iniciativas que Morena y el Ejecutivo federal buscan llevar al Congreso.