El narco ayuda a que no resurjan las guerrillas

ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Las marchas, bloqueos y demandas de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos muestran un México con muchas heridas abiertas. Eso sí, ninguna mayor que la burda y gigantesca corrupción de los seguidores de López Obrador.

Las comunidades indígenas y los trabajadores inconformes del IMSS, del Poder Judicial, del INE; los agricultores y los transportistas exigen respuestas.

Si el diálogo con el gobiernito del reinecito de Cuarta, aparentemente encabezado por Claudia Sheinbaum es lento o insuficiente, aquellos que se sienten frustrados por ello preguntan: ¿Podría este malestar llevar al resurgimiento de las guerrillas?

Tal cuestionamiento se refiere al EPR (Ejército Popular Revolucionario) y, entre otros, a su derivación el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), organizaciones que optaron por la lucha armada contra el Estado.

Pero el descontento generalizado en contra de la 4T, incluso por la violencia criminal que encubren desde Palacio Nacional, no es suficiente para reconstruir esos movimiento armados: también se requiere territorio, apoyo social y capacidad organizativa.

Un amplio regreso de las guerrillas tradicionales es muy difícil hoy en día.

Ello, no obstante que –contradiciendo a la retórica de las mentiñeras–la pobreza, la exclusión y la impunidad no han desaparecido, pero las condiciones para convertir estos agravios en insurgencia son diferentes a aquellos que prevalecían hasta hace poco más de 30 años.

Y ello no permite un cálculo preciso de probabilidades ni descarta ningún episodio armado; permite separar la protesta social del supuesto preludio a la guerra.

La sierra, ocupada por el narco

Las montañas ya no son el mismo refugio. Uno de los principales obstáculos es el territorio. En este escenario, las áreas montañosas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán (áreas vinculadas en el pasado a organizaciones armadas) también son espacios de conflicto para el narcotráfico y las redes de extorsión.

El aislamiento que podría traer la clandestinidad no garantizaría refugio hoy. Donde los grupos criminales controlan caminos, actividades económicas o comunidades, una organización guerrillera tendría que enfrentar otro poder armado además del Estado.

No se trata solo de recursos o armas. El miedo, la extorsión y la ruptura de los lazos comunitarios dificultan la construcción de un apoyo duradero; una célula clandestina podría estar sujeta a la red criminal o entrar en conflicto con ella en lugar de desarrollar su propio proyecto político.

Por supuesto, no hay que asumir que todas las montañas estén bajo el mismo control ni que sus comunidades carezcan de capacidad de resistencia. Su argumento es más concreto: el avance criminal dificulta la reconstrucción de bases rurales de una guerrilla tradicional, como por ejemplo aquellas que aún perviven en Colombia.

Las “ayudas” sociales amortiguan

El segundo cambio son los canales a través de los cuales se buscan respuestas. Los programas sociales, la negociación con las autoridades y la participación partidista son caminos diferentes a la confrontación armada.

Las transferencias económicas o ayudas del supuesto Bienestar pueden satisfacer necesidades inmediatas, pero recibir este tipo de “ayudas” no significa dejar de protestar; tampoco nos permite concluir que la pobreza o la exclusión han sido superadas. Tampoco muestra por sí mismo que un programa social prevenga el reclutamiento armado.

Para las organizaciones campesinas, magisteriales y sindicales, disputar un presupuesto, negociar demandas o participar en elecciones puede ser una alternativa a la clandestinidad. Puede canalizar conflictos, pero no garantiza que las instituciones escuchen (o atiendan) todas las demandas.

Los grupos feministas, ambientalistas, de derechos humanos y de transporte no son organizaciones insurgentes. Una protesta firme –incluso cuando interrumpe caminos o actividades económicas– no es un proyecto de toma de poder armado.

¿Hoy hay mayor vigilancia?

La tercera pieza del argumento es que el Estado puede monitorear organizaciones clandestinas. Esto se contrasta con el escenario de la década de los 90’s del siglo pasado cuando se dieron los levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)) con el trabajo de inteligencia atribuido hoy al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada.

La vigilancia, las divisiones internas y la sucesión de liderazgo son lo que impide la reorganización del EPR y el ERPI respectivamente.

En aquellos años, los comunicados políticos permitirían mantener una presencia pública sin necesariamente tener una amplia capacidad militar.

Pero, ¡cuidado!, no sabemos si esa vigilancia cubre todas sus redes o qué recursos tienen ahora.

Por lo tanto, no se puede decir que el Estado lo sabe todo sobre ellos, ni que solo publicar mensajes es su actividad; el silencio de un grupo clandestino tampoco significa desaparición.

Que una nueva guerrilla tradicional encuentre dificultades no significa que el malestar sea menor.

Importa el costo en vidas

La inseguridad y la falta de respuestas pueden producir otras formas de conflicto.

Las autodefensas y guardias comunitarias son respuestas a necesidades de protección local contra amenazas criminales. No son automáticamente guerrillas: defender una comunidad no es lo mismo que organizar una revolución nacional; tampoco deben ser tratadas como un bloque uniforme, lo aconsejable sería examinar caso por caso su autonomía y la probable relación con otros actores armados.

En las ciudades y en las carreteras, la presión puede expresarse a través de huelgas, ocupaciones de casetas de peaje y bloqueos prolongados. En algunos conflictos, también pueden ocurrir enfrentamientos con la policía. Todas estas acciones tienen consecuencias para la vida cotidiana, pero no prueban por sí mismas que haya una insurgencia.

La conclusión es menos categórica que una declaración de desaparición de guerrillas: los agravios aún están ahí, pero no desencadenan automáticamente las mismas respuestas que en el pasado.

El control criminal del territorio, los canales de participación política y las dificultades organizativas explican por qué el descontento no significa necesariamente el regreso del EPR, el ERPI u otros movimientos armados.

Para el gobierno de Sheinbaum, el desafío no es solo la seguridad; es escuchar las demandas, proteger a las comunidades y dar respuestas institucionales.

La pregunta no es si las guerrillas regresarán, sino qué sucede cuando aquellos que protestan sienten que los medios pacíficos no funcionan.

Indicios

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que salió a la luz pública con un levantamiento armado de guerrilleros indígenas encapuchados en Chiapas en la Nochevieja de 1993. Eran pocos, estaban mal armados y carecían de estructuras de poder consolidadas, aunque consiguieron ocupar siete localidades. Tras un par de semanas de sangrientos choques con el Ejército, se replegaron hacia la selva. Desde entonces se organizaron en comunidades en los que establecieron autogobiernos en una parte de las regiones de Los Altos y la Selva Lacandona. En 2018 postularon candidata a la Presidencia de la República en contra del “favorito” AMLO. * * * Por hoy es todo. Vayan para usted mi agradecimiento por haber leído este Índice Político y, como siempre, mis mejores deseos de que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

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