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Ejército y Marina tendrán voto en inversiones extranjeras ligadas a seguridad nacional
El Gobierno de México reformó la Ley de Inversión Extranjera para reforzar la supervisión de capitales en sectores estratégicos. Las nuevas disposiciones permitirán a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras evaluar riesgos para la seguridad nacional y, en determinados casos, impedir adquisiciones de empresas mexicanas.
El decreto fue publicado este jueves 19 de noviembre en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación. La modificación incorpora a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a la Comisión, junto con otras dependencias federales.
Las inversiones extranjeras que superen 49% del capital social de determinadas sociedades mexicanas deberán obtener una resolución favorable de la Comisión cuando el valor de sus activos rebase el monto que determine la autoridad y estén involucrados asuntos de seguridad nacional.
La revisión abarcará actividades como minería, energía, telecomunicaciones, transporte, inteligencia artificial, semiconductores, tecnologías de defensa y otras industrias consideradas estratégicas.
También comprenderá infraestructuras físicas y virtuales vinculadas con servicios de salud, almacenamiento y tratamiento de datos, sistemas digitales, actividades aeroespaciales e instalaciones sensibles, así como los terrenos e inmuebles indispensables para su operación.
Tras evaluar los posibles riesgos, la Comisión podrá autorizar, condicionar o impedir operaciones de adquisición. Si detecta amenazas, podrá exigir modificaciones al proyecto de inversión para reducirlas; si no identifica riesgos, podrá declarar viable la adquisición de la empresa mexicana.
La reforma incorpora además mecanismos de revisión para inversiones relacionadas con tecnologías críticas y productos de doble uso, es decir, con posibles aplicaciones civiles y militares. Entre ellas se encuentran robótica, ciberseguridad, tecnologías cuánticas y nucleares, almacenamiento de energía, nanotecnologías y biotecnologías.
La vigilancia incluirá inversiones vinculadas con el suministro de materias primas, la seguridad alimentaria y el acceso a información sensible, en particular datos personales y sistemas que permitan controlar esa información.
La Comisión estará integrada por representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, y Turismo. También participará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En las sesiones sobre seguridad nacional asistirán como invitados permanentes los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Estas autoridades podrán intervenir en las discusiones, pero no tendrán derecho a voto.
Cuando se analicen operaciones relacionadas con seguridad nacional, los integrantes de la Comisión deberán emitir su voto a favor o en contra, sin posibilidad de abstenerse. Las resoluciones serán aprobadas por mayoría.
La legislación permite invitar a representantes de los sectores privado y social cuando los asuntos se relacionen con sus actividades, aunque su participación será únicamente con derecho de voz.
Las empresas extranjeras que realicen adquisiciones u operaciones sujetas a autorización sin una resolución favorable enfrentarán multas de mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Las personas morales extranjeras que realicen habitualmente actividades comerciales en México sin autorización podrán ser sancionadas con entre 500 y mil veces el valor diario de la UMA.
El decreto prevé además multas de 100 a 300 veces el valor diario de la UMA para quienes incumplan las disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con la inversión neutra.
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