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Nacional

Funcionaria del INE trabajó en seguridad de Tabasco durante gestión de Bermúdez y administró contrato de 227 millones

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Ofelia Sánchez Frías, actual coordinadora de Seguridad y Protección Civil del Instituto Nacional Electoral (INE), trabajó en el sistema de seguridad pública de Tabasco durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal que se encuentra preso y acusado de encabezar la organización criminal conocida como La Barredora.

De acuerdo con información difundida por Latinus, Sánchez Frías figura además como administradora de un contrato por 227 millones de pesos, adjudicado directamente en 2025 para instalar un sistema de videovigilancia en la sede central del INE, en Ciudad de México.

El proyecto, denominado “Centro Estratégico de Seguridad Integral para los inmuebles”, contemplaba la colocación de cámaras para registrar en video los espacios de las instalaciones centrales del organismo electoral.

La contratación fue otorgada a AMPS para la Integración y Articulación, empresa propiedad de Jorge Enrique Tello Peón, especialista en inteligencia y exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Según el reporte, el sistema de vigilancia identificado como Big Brother fue desmantelado el pasado 9 de noviembre, después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE. Latinus constató el retiro de las cámaras instaladas en el inmueble.

La trayectoria de Sánchez Frías en Tabasco comenzó en junio de 2022, cuando asumió la Dirección del Sistema de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), puesto que ocupó hasta junio de 2023.

En ese periodo, Hernán Bermúdez Requena encabezaba la Secretaría de Seguridad estatal durante la administración del gobernador morenista Carlos Manuel Merino, quien había sustituido a Adán Augusto López.

El SESESP, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, concentraba información de las corporaciones de seguridad pública de la entidad. Desde su cargo, Sánchez Frías tenía acceso a datos sobre contrataciones y controles de confianza de policías estatales, registros de armamento, vehículos, equipamiento, así como movimientos y situación de las fuerzas de seguridad.

Bermúdez Requena enfrenta acusaciones por presuntamente dirigir La Barredora, organización señalada como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculada con actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y tráfico de combustibles.

El antecedente laboral de Sánchez Frías corresponde al periodo en que Bermúdez Requena estaba al frente de la seguridad estatal. El reporte no señala que la funcionaria esté acusada de participar en las actividades criminales atribuidas al exsecretario.

En julio de 2023, Sánchez Frías se incorporó al INE como coordinadora de Seguridad y Protección Civil, poco después de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del instituto.

El documento de adjudicación del contrato de videovigilancia también incluye las firmas de Jesús Octavio García González, entonces administrador del INE, y Mario Burciaga, exdirector de Recursos Materiales y Servicios.

De acuerdo con los señalamientos publicados, García González había sido representante legal de dos empresas vinculadas con el contratista Alfredo Hernández Casillas, mientras que Burciaga habría asistido a reuniones organizadas por el empresario.

El reportaje relaciona a ambos exfuncionarios con una presunta red de corrupción encabezada por Guadalupe Taddei y Hernández Casillas, aunque esos señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.

Uno de los socios fundadores de la empresa beneficiada con el contrato fue Marco Antonio Novella Juárez, quien anteriormente se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Seguridad federal durante la gestión de Genaro García Luna.

El sistema de videovigilancia contratado por 227 millones de pesos fue retirado de las instalaciones centrales del INE el 9 de noviembre, según la información documentada por Latinus.

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