CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio (AlMomentoNoticias).- A dos años de la masacre de Tlatlaya, donde 22 civiles fueron muertos a manos de militares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que la Recomendación 51/2014 se encuentra con un “cumplimiento parcial” por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México.
En un breve informe, la CNDH indicó que en cuanto a las responsabilidades penales a cargo de los servidores públicos relacionados con los hechos, si bien se han emitido resoluciones judiciales en la vía penal, la concerniente al fuero militar aún no es definitiva, pues se encuentra en apelación.
Indicó que está pendiente de determinarse la partida penal iniciada a raíz de la denuncia presentada por esta Comisión Nacional.
El organismo precisó que se ha reiterado a la PGR que incorpore las evidencias, consideraciones y observaciones contenidas en la Recomendación 51/2014, y la documentación soporte de ello, así como los procesos del Estado de México por tortura relacionados con este caso.
Consideró prioritaria la reparación integral del daño a las víctimas, motivo por el cual en estrecha coordinación con las autoridades recomendadas y en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se ha dado continuidad a la inscripción de las víctimas directas e indirectas ante el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas.
La Comisión Nacional recordó que el 6 de julio de 2015 se emitieron medidas cautelares a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de que las órdenes, directrices e instrucciones militares se apeguen al marco constitucional, legal y normativo de su competencia y se evite la utilización de lenguaje que pueda prestarse a confusiones o ambigüedades que deriven en acciones violatorias a derechos humanos; tales medidas fueron aceptadas y debidamente atendidas por la autoridad destinataria.
Por lo que respecta a las responsabilidades públicas administrativas, puntualizó que a las tres autoridades recomendadas se les ha venido solicitando prosigan y determinen las probables responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones y omisiones expresamente señaladas en la Recomendación.
Por último, la CNDH refrendó su compromiso de mantener el seguimiento puntual y objetivo de los puntos recomendatorios pendientes de cumplir por parte de las autoridades, a efecto de que la verdad, la justicia y la reparación se alcancen en el presente asunto.
AMN.MX/dsc
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