Seguridad privada bajo presión: acusan red de extorsión en Quintana Roo

• Al menos 30 empresas han denunciado que se les exigen pagos millonarios disfrazados de trámites administrativos o inspecciones.

Quintana Roo.- A pesar de que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fue aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y establece que este delito debe perseguirse de oficio, empresarios del sector de la seguridad privada en Quintana Roo acusan ser víctimas de un esquema de extorsión institucional encabezado por Jaime Ongay Ortiz, Director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad, y su asistente Isis Yetlanexy Amilpa Córdoba.

Al menos 30 empresas han denunciado que se les exigen pagos millonarios disfrazados de trámites administrativos o inspecciones. De acuerdo con los testimonios, aquellas compañías que se niegan a pagar enfrentan clausuras inmediatas, retrasos injustificados y hostigamiento burocrático, mientras que las que acceden a los pagos reciben autorizaciones en cuestión de días.

“Nos dijeron directamente: si no pagas, tu trámite no pasa”, declaró un empresario bajo condición de anonimato. Otro afectado señaló que, aunque la ley marca plazos de entre 1 y 90 días hábiles para resolver trámites, en la práctica estos pueden extenderse hasta seis meses o más sin justificación cuando no se realizan pagos extraoficiales.

Empresarios y abogados del sector aseguran contar con evidencia de trato diferenciado y del uso del poder público para intimidar o eliminar a competidores. Las denuncias ya fueron presentadas ante la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, el titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, mantiene en su cargo a Ongay Ortiz, lo que ha sido interpretado como una señal de protección política.

El caso adquiere mayor relevancia por tratarse de señalamientos contra servidores públicos, una conducta considerada agravante en la nueva Ley Antiextorsión, que contempla sanciones severas y mecanismos para proteger a las víctimas. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido postura oficial ni informado sobre la apertura de una investigación pública.