Un grupo de 18 académicos, activistas y miembros de la sociedad civil de México ha presentado un «amicus curiae» ante la Corte Suprema de Estados Unidos en apoyo a la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas.
Este documento, que resalta el impacto devastador del tráfico ilegal de armas en el país, fue entregado el 17 de enero, justo antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.
La demanda del gobierno mexicano se centra en las prácticas negligentes de varias empresas armamentísticas que, según México, facilitan el tráfico ilegal de armas hacia su territorio.
En el «amicus curiae», se menciona que el 68% de las armas aseguradas en México durante 2023 fueron importadas desde Estados Unidos, y se estima que entre 200 mil y medio millón de armas son traficadas anualmente.
Adrián LeBarón, uno de los firmantes del documento y activista conocido por su lucha contra el tráfico de armas tras el asesinato de nueve miembros de su familia en 2019, enfatizó que «las armas traficadas son utilizadas por grupos delictivos para cometer actos de violencia generalizados».
Esta situación ha resultado en el desplazamiento forzado de 392 mil personas entre 2008 y 2023 y ha contribuido a la desaparición de cientos de miles más.
Impacto Social y Económico
El tráfico ilegal de armas no solo ha alimentado la violencia en México, sino que también ha generado costos significativos para las autoridades. Los gastos en seguridad pública han ascendido a miles de millones de dólares, afectando la economía y la estabilidad social del país.
Además, el documento señala que un 47.3% de los solicitantes de asilo en EE.UU. afirmaron haber sido amenazados con un arma, lo que refleja cómo este problema impulsa la migración hacia el norte.
La Respuesta del INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también se ha involucrado al exigir a Pemex que informe sobre los envíos de combustible a Cuba, destacando una creciente preocupación por la falta de transparencia en las operaciones relacionadas con temas críticos como el tráfico ilícito
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