CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre (AlMomentoMX).— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que al menos 70 de los imputados por el caso Ayotzinapa fueron torturados o, en su caso, fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En la recomendación 15VG/2018, la Comisión detalló diversas violaciones a los derechos humanos en el caso de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, registrada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Durante la presentación de la recomendación —dirigida a diversas dependencias de los tres niveles de Gobierno y al propio presidente Enrique Peña Nieto—, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, calificó a los hechos vividos en Iguala, Guerrero, como un caso “abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social por el que atraviesa nuestro país”.
El ombudsman nacional detalló que las omisiones de las instancias de los tres niveles de Gobierno ocasionó la contaminación y pérdidas de evidencias y pruebas, y el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación en el caso ha derivado en que varios de los detenidos por la desaparición de los estudiantes no puedan ser juzgados y subsista la impunidad.
Afirmó que las autoridades de distintos niveles violentaron el derecho a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas: “La verdad también ha sido una víctima en el caso Iguala (…) En el desarrollo de investigaciones, diversas autoridades violentaron el derecho de las victimas al declarar posturas sesgadas, que causó incertidumbre en sociedad, ocasionando que las víctimas fueran revictimizadas”.
Señaló que uno de los hallazgos del organismo fue que no se ha investigado la actitud omisa o intolerante de autoridades de distintos niveles de gobiernos, quienes negaban el acceso a la información y cuando la proporcionaban lo hacían “de manera parcial, incompleta o revuelta”.
González Pérez destacó que se omitió el hallazgo de porciones petrosas de huesos que constituirían “un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. El análisis genético de dichos fragmentos óseos resulta indispensable”.
Señaló que durante las indagatorias por el caso Iguala, hubo una “indebida” diligencia en las indagatorias por los hechos, donde uno de los responsables es el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón.
“Éste caso es el más ominoso y complejo. Social y políticamente marcó un antes y un después. México es un país adolorido, donde la justicia más que un derecho, es una cuestión a la que difícilmente se puede acceder”, destacó el Ombudsman nacional.
“Como en otros casos graves, los protagonistas principales de los hechos del 26 y 27 de septiembre son la ilegalidad, la corrupción y la impunidad”, apuntó González Pérez, quien consideró que el caso de Ayotzinapa no debe verse como aislado, sino como una situación que se vive en diversas regiones del país y se debe poner atención en que “es un riesgo latente” de que vuelva ha ocurrir algo similar.
Destacó que un crimen de las dimensiones del de Iguala sólo puede ocurrir por la penetración del crimen en las estructuras del Gobierno. “Debemos de buscar que esto nunca vuelva a ocurrir”, dijo y agregó que ello tocará al futuro Gobierno.
“En Iguala diversas autoridades sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada. Con ello se hubiese evitado un desenlace como el que se presentó”, insistió.
Durante la presentación, el ombudsman nacional precisó que la investigación de CNDH, la cual contiene más de un millón de hojas y mil 255 tomos, debe constituir “un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer” y corresponderá al próximo gobierno federal “enderezar y continuar las investigaciones penales”.
AM.MX/dsc
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