Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
“El problema de los narcotraficantes es que no se puede confiar en ellos”: Steve Murphy
● Alertan ante narcooperación electoral
● Se comprueba la complicidad del régimen
● Cordero contra nueva eleccion de ministros
Ciudad de México, 21 de enero de 2024.- Además de la elección de Estado, con la decidida participación del gobierno federal y de 21 gobiernos estatales, a favor de Morena y Claudia Sheinbaum, la alianza opositora enfrentará también la intervención de las organizaciones criminales en la elección federal de este año a favor de los candidatos de Morena, en donde estará en juego la Presidencia, la renovación del Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como más de 20 mil cargos de elección popular, advirtió el Instituto Baker de Políticas Públicas, de la Universidad Rice en Estados Unidos.
En el reporte “México Country Outlook 2024”, publicado el pasado 18 de enero, elaborado para anticipar las oportunidades y desafíos de los entornos político, social y empresarial de México durante el próximo año para los formuladores de políticas y líderes de la industria, alertó a los ciudadanos mexicanos: “las organizaciones criminales pueden incluso convertirse en un importante aliado electoral de Morena en las elecciones de junio de 2024; mostraron su capacidad para intimidar e, incluso, matar a candidatos de la oposición y trabajadores electorales en 2021, y es probable sigan adelante en 2024”.
Ni los tres niveles de gobierno, ni las autoridades electorales federales y locales tienen un plan para combatir el flagelo de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, el cual pone en verdadero peligro a los candidatos y aspirantes en busca de un puesto de elección popular en los próximos comicios, coinciden legisladores y expertos en la materia. “Si no hacemos algo en 2024, el narco va a influir en las elecciones”, admitió el diputado del PRI, Rubén Moreira, quien advirtió: “Es momento de lanzar un mensaje duro contra el narcotráfico. Tenemos que impedir un posible narco-Estado”.
Porfirio Muñoz Ledo, Francisco Labastida Ochoa y Felipe Calderón son sólo algunos de los destacados políticos mexicanos que han alertado del crecimiento del narcotráfico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muñoz Ledo, en su momento, acusó la intervención de dinero del narco en la campaña de Mario Delgado por la presidencia de Morena; Labastida denunció colusión del narco con el gobierno de AMLO; hace dos años, el ex presidente Felipe Calderón participó en una convención del Partido Popular, en España, en donde aseguró que la petición de perdón a la Corona española por supuestos agravios a los pueblos originarios –durante la Colonia- sólo era una cortina de humo para ocultar los nexos del Gobierno de López Obrador con el crimen organizado.
Desde que inició en diciembre de 2018 el gobierno de AMLO, el mandatario dejo en claro no haría la guerra contra los productores y traficantes de drogas.
Desde entonces, su política de “abrazos, no balazos”, se convirtió en una alianza de facto con las organizaciones criminales. En cambio, tiene López Obrador una guerra declarada contra académicos, artistas, escritores, líderes sociales, organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y civiles, periodistas y ciudadanos, quienes piensan de manera distinta y lo cuestionan.
A lo largo de los últimos años se han expuesto las pruebas sobre el gobierno de AMLO calificándolo de aliado de distintos cárteles criminales a los cuales no solo defiende abiertamente, sino los solapa de manera oficial. Muchos medios, internacionales, nacionales y locales, destacaron las denuncias solapadas por el Tribunal Electoral en las elecciones de Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y Baja California Sur, entre otras, en donde cárteles de “El Chapo” y CJNG se apoderaron de gobiernos estatales, alcaldías y diputaciones locales y federales.
Las denuncias están no sólo en medios, en el INE y el Tribunal Electoral, sino también en organismos internacionales a donde, por ejemplo, Silvano Aureoles hizo llegar las pruebas de la narcoelección del 6 de junio de 2021. AMLO se negó a recibir al gobernador michoacano para darle a conocer las pruebas de la narcoelección en Michoacán. En cambio, premió a los gobernadores salientes de Sinaloa y Nayarit, por favorecer la victoria del crimen organizado en sus respectivas elecciones estatales.
Tal vez la prueba más destacable de la complicidad entre el gobierno de AMLO y el Cártel de Sinaloa es la liberación de Ovidio Guzmán, motejado como “El Chapito”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y jefe real del Cártel de Sinaloa. El criminal fue detenido el 17 de octubre de 2019 y liberado por el entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo. López Obrador dijo, días después, que él había dado la orden de liberar a narcotraficante para evitar un baño de sangre en Sinaloa.
Los actuales gobernadores de los estados ubicados en el llamado Corredor del Pacífico, tienen fuertes nexos con los cárteles de la droga. Es el caso de Alfonso Durazo, cuya amistad con Ovidio Guzmán viene de tiempo atrás. Durazo contrajo nupcias en Culiacán con Rocío Chávez Murillo, hija de Jorge Chávez Castro, abogado sinaloense quien se desempeñó como procurador de Justicia de Sinaloa, y asesinado en febrero de 2003, en Culiacán. El ex funcionario era investigado por la PGR, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. También se han documentado los vínculos de los actuales gobernadores de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Michoacán, entre otras entidades, con las organizaciones criminales.
Desde el año pasado, el todavía consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, alertó respecto de la politización del crimen organizado. El entonces Consejero General reflexionó: “¿Hay injerencia del crimen organizado en los procesos electorales? Lamentablemente como Estado hemos fallado porque no hemos podido construir un diagnóstico, sobre todo a partir de lo que hemos planteado en años recientes”.
Adquiere gran relevancia la advertencia de los especialistas y expertos en el tema, entre los que destaca el legislador priísta de Coahuila si tomamos en cuenta que en el proceso electoral 2020-2021, de acuerdo con un reporte de Etellekt Consultores, se registraron 102 homicidios dolosos contra personas relacionadas con la política, de las cuales 36 de ellas eran candidatas o aspirantes a cargos de elección popular. Otro reporte, de la consultora Integralia, presentado en junio de 2021, concluyó que el crimen organizado “interfiere en procesos electorales vía actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos”.
El informe del Instituto Baker de Políticas Públicas destaca la estrategia “pasiva” de seguridad pública de “abrazos no balazos” de la actual administración del presidente López Obrador, considerando “es esencialmente una “paz mafiosa” con el crimen organizado, o un acuerdo para no interferir en actividades criminales”. Al desarrollarse el proceso comicial, subraya, las decisiones del mandatario, con un Congreso “obediente” y una clase política no dispuesta a arrebatarle el poder al jefe del Ejecutivo.
Indica el reporte: “Es probable que su gobierno se esté preparando para inclinar la balanza a favor de su sucesora elegida personalmente, la ex alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum”. También destaca el nivel de competitividad de la oposición con Xóchitl Gálvez, quien “es una candidata carismática y competitiva, que se enfrenta a una Sheinbaum mucho menos inspiradora y poco carismática”.
El Baker resalta la división del electorado de México; la coalición “del presidente” y la oposición atraen aproximadamente el 45% de los votantes cada una, y muchos mexicanos siguen indecisos. También adelantó: la carrera presidencial será competitiva. Para este reporte, el presidente López Obrador sigue siendo popular, aunque no más que los presidentes anteriores en el mismo momento de su mandato. Precisa que alrededor del 65% de los mexicanos está de acuerdo en que las políticas de seguridad pública de la administración no son óptimas, y que muchas de sus otras opciones políticas son casi igual de impopulares.
Ejemplifica: entre 2018 y 2021, un tercio de su base electoral “abandonó” al presidente y su coalición, y sólo alrededor de la mitad de sus votantes se presentaron a elección revocatoria autoorganizada en 2022. Asimismo, la clase media mexicana sigue molesta por su dramático presupuesto, recortes en educación, atención médica, infraestructura, seguridad pública y muchos otros servicios.
Además de ser un tema importante en la campaña este 2024, la actividad delictiva “también puede ser un importante factor disuasorio para la inversión internacional en México, ya que la mayoría de las empresas ahora deben considerar la seguridad de sus activos físicos y operativos, junto con la incertidumbre del entorno político”.
¿Qué toca?… abrir los ojos y enterarse.
DE LOS PASILLOS
La senadora Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la SCJN, analizará la reforma que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Poder Judicial. A su llegada a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, consideró que la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe ser abierta, “para ser una jueza se requiere mucho temple”. Indicó tiene un borrador de su iniciativa que podría compartir para checar similitudes.
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