Redacción MX Político.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debe ser denunciado ante la Corte Internacional de Justicia por violar el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (AP), que en su artículo 7 dice que la presidencia pro tempore de la organización estará a cargo “sucesivamente por cada una de las partes, en orden alfabético, por periodos anuales iniciados en enero”.
A tenor de ese dispositivo, de cumplimiento obligatorio, AMLO debió transferir la sede al Perú en enero del presente año, pero han pasado cerca de cien días y el atrabiliario mandatario mexicano se niega a cumplir con esa obligación aduciendo que la presidenta Dina Boluarte “es espuria” y que el legítimo jefe de Estado es el golpista Pedro Castillo.
Este inaudito acto de rebeldía, que proyecta una obsesión psicopática del gobernante azteca, colisiona con principios rectores del Derecho Internacional, afectando gravemente las actividades de un pacto suscrito por Perú, Colombia, Chile y México – donde también participan 62 países en calidad de observadores- considerado el más exitoso proceso de integración del hemisferio. Recordemos, en ese sentido, que la AP capta el 50 % de inversiones extranjeras de la región, representa 36 % del PBI y 56 % de las exportaciones, una verdadera locomotora de progreso que beneficia a nuestros pueblos, una locomotora a punto de descarrilar por veleidades ideológicas o de afinidad política de MLO con el destituido golpista Pedro Castillo, a quien pretende reponer en su puesto, entrometiéndose en asuntos de competencia interna del Perú, acto que vulnera el artículo 19 de la Carta de la OEA, que prohíbe expresamente hacerlo.
Entre otras tareas, la Secretaría Pro Tempore aprueba los programas de actividades, con fechas, sedes y agenda; evalúa los resultados de la aplicación de las decisiones adoptadas; coordina reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior; delinea la política con terceras naciones, así como participar en otros esquemas de integración, como sería el caso de Unasur, y decide sobre la admisión de nuevos miembros, pudiendo dar curso a la incorporación solicitada por la hermana República del Ecuador.
Agotados nuestros pedidos para la transferencia de la sede de la AP, el Gobierno tiene expedito el camino para presentar una denuncia formal ante la Corte al amparo del artículo 36 de los estatutos.
Dicho artículo establece que la competencia de ese órgano de justicia supranacional se extiende a todos los litigios que las partes sometan “especialmente tratados o convenios vigentes”; a su interpretación; a cualquier cuestión de Derecho Internacional y a “la existencia de todo hecho que, si fuera establecido, constituiría violación de una obligación internacional”.
El cuerpo de 15 magistrados que integran la Corte tiene una magnífica oportunidad de hacer respetar las normas del Derecho Internacional que rigen las relaciones entre los Estados y que están siendo socavadas por la birria de un político mitómano y despótico.
En ese contexto de confrontación debemos recordar que los legítimos –y pacientes– reclamos de nuestro país se han estrellado ante un muro de sectarismo e intolerancia. Pero también de patética ignorancia si evocamos que López Obrador llegó al extremo de sostener que consultará a los 25 miembros del Grupo de Río sobre si procede o no el traslado, desconociendo que ese bloque fue desactivado hace 13 años, en febrero del 2010, para dar paso a la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El Perú democrático está unido ante las barrabasadas de un presidente que no representa a su pueblo ni a sus diplomáticos, que nos agravia sistemáticamente, ante lo cual no queda otro camino que denunciarlo ante la Corte de Justicia de La Haya, haciéndole llegar, previamente, una notificación dando un plazo de 30 días para que transfiera la sede.
Al mismo tiempo es indispensable que la Cancillería peruana solicite la convocatoria a una reunión del Consejo Permanente de la OEA para dejar al descubierto la narrativa calumniosa que proyectan los regímenes del bloque del socialismo del siglo XXI, que sostienen, entre otras infamias, que el Congreso dio un golpe contra el mandatario Castillo por ser un profesor pobre de la sierra que estaba afectando a poderosos grupos económicos.
Más aún, también afirman que está preso sin orden judicial y que no cuenta con abogados, lo cual es absolutamente falso.
Callar ante esta campaña sólo favorece la expansión de la mentira y victimiza a quien intentó disolver el Parlamento e intervenir ilegalmente en otros poderes del Estado, asi como ordenar el arresto de la Fiscal de la Nación. Es decir, imponer una dictadura.
jpob
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