Guillermo Portugal Vela
La situación económica y el instrumento de la planificación de un país son factores vinculantes donde este último es determinante para la gestión correcta gubernamental; pero cuando los intereses personales y la actitud de los tomadores de decisiones tiene mayor peso que los planes de desarrollo, esto puede tener una distorsión en las políticas públicas que incluso tomen distancia en los beneficios sociales previstos, ejemplo los casos de los megaproyectos “de la usina térmica en Huexca, Morelos, el Tren Maya y el Corredor Transístmico” que no han cumplido los requisitos en tiempo y forma de los estándares internacionales de consulta participativa e informada de los pueblos campesinos e indígenas.
Después de la renuncia de Carlos Urzúa Macías como Secretario de Hacienda reconoció el hombre de Macuspana que fue por “diferencias que tenía con la politica económica de su gobierno” en específico el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Sin embargo, más allá de la propuesta del Plan de Urzúa que “parecía hecha por Carstens o Meade”, la versión autorizada en el Congreso es “un instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una proyección sexenal” aunque la realidad al contrastarse con los poderes de facticos (banca, oligarquía, empresariado mercantil) puede modificar en la praxis los objetivos definidos en el Plan. Situación que en teoría puede ser solventada por un diagnóstico y los indicadores del PND de los modelos econométricos que definen los escenarios de las prioridades y metas de la planeación del desarrollo; por lo que sólo es un referente “el antecedente del plan liberal de 1906 y el plan sexenal del general Cárdenas”.
Por otra parte (y de acuerdo a “Pedro Mexicano”) en las mañaneras cuando los asuntos agendados de atención que atiende el presidente son en automático para la población objetivo el disponer del subejercicio y el recorte presupuestal de las secretarias que no ejercen el gasto.
Por tanto, es pertinente definir criterios para redistribuir el presupuesto de los subejercicios y recortes del gasto de las secretarías, pero otorgándolos en proporción a las necesidades del sector-programa de las mismas, incluyendo asimismo los programas estratégicos que no sean prioridades de coyuntura.
