Francisco Gómez Maza
• En el Senado, la UDLAP da a conocer su Índice Global de Impunidad
• El Estado de México tiene el más alto índice de impunidad en México
La impunidad es un problema muy grave y difícil, casi imposible, de erradicar en México.
Mientras las autoridades, y concretamente muchos Ministerios Públicos y Jueces no renuncien a la corrupción, continuará reinando en el país la delincuencia.
Son muchos años en que los criminales de todos los colores, de armas largas y toques de cocaína, o de cuello blanco de la política y del sector llamado privado hacen y deshacen en México, en este reino de la impunidad.
La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), presentó, este martes 18 de octubre en el Senado de la República, los resultados de la nueva edición del Índice Global de Impunidad (IGI) México 2022, el cual fue realizado por investigadores, becarios y estudiantes adscritos al Programa de Honores de la institución educativa y representa valiosa contribución académica de esta Universidad para medir el alcance de este problema en el país.
Desde la primera publicación del IGI, en 2015, la UDLAP ha remarcado en el Índice que el combate a la impunidad es un elemento fundamental para alcanzar la solución a problemas estructurales como la violencia y la corrupción, que agravian nuestro desarrollo nacional.
La nueva edición del IGI-MEX 2022, además de reajustar sus dimensiones funcionales y estructurales de seguridad y justicia, presenta una actualización dentro de su metodología, que incluye la medición de una dimensión de Derechos Humanos. Dicha dimensión considera nuevas variables en la materia, que buscan dar una aproximación más certera acerca de la impunidad en México.
Desde que se publicó el IGI-MX en 2015, la UDLAP ha insistido en la necesidad de poner atención en los problemas estructurales y el funcionamiento de las instituciones de seguridad, justicia y derechos humanos entre los países, y de los Gobiernos estatales. Ahí es en donde reside el mayor problema de impunidad en el país. México necesita reducir sus altos niveles de impunidad y esto requiere de construir mejores capacidades institucionales.
A lo largo de los diferentes reportes, la UDLAP ha destacado que, tanto el Gobierno federal como las autoridades estatales, deben invertir en mejorar las capacidades y funcionamiento de sus instituciones, en especial en la procuración e impartición de justicia. De igual forma, es indispensable incorporar la visión de las universidades y las organizaciones sociales a la discusión a fin de mejorar el desempeño de las políticas públicas.
Entre las principales conclusiones arrojadas por el IGI-MEX 2022 se encuentran:
El Estado de México se mantiene como la entidad de la República con el más alto índice de impunidad desde 2016 y hasta 2022, con 74.55 puntos.
Baja California Sur y Campeche son los únicos dos estados que presentan niveles de impunidad media-baja.
Los tres estados con más altos niveles de impunidad son: Estados de México, Baja California y Veracruz.
En impunidad alta se encuentran los estados de Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos y Nuevo León.
Los ministerios públicos estatales siguen sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país.
Existe un déficit de policías estatales profesionales.
México no tiene sistemas de justicia en el ámbito estatal. Las siguientes entidades tienen un número superior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Campeche (11.96), Chihuahua (7.40), Zacatecas (7.27), Baja California Sur (6.51), Colima (6.29), Nayarit (5.34), Sinaloa (5.29), Durango (5.18), Guerrero (4.94), Tabasco (4.91), Guanajuato (4.69) y Ciudad de México (4.66).
El homicidio sigue sin castigarse en México.
El Estado de México es la entidad federativa con el índice de impunidad más alto
Con 74.55 puntos de impunidad, el Estado de México tiene el puntaje más alto del igi-mex-2022.
Se mencionan 2,008.41 presuntos delitos registrados por cada cien mil habitantes, cuando el promedio a nivel nacional es de 1,432.44; cuenta con menos del 0.05% del personal en áreas encargadas para la protección de derechos humanos, y con la mitad del promedio nacional en personal en las procuradurías/fiscalías por cada cien mil habitantes (22.30). Otro punto importante es el número de víctimas registradas en las investigaciones y carpetas abiertas por el ministerio público (354,155) comparado 8 resumen ejecutivo con el promedio nacional (62,549.59).
El Estado de México también presenta problemas estructurales en el diseño y existencia de capacidades institucionales para las políticas de seguridad: posee pocas agencias especializadas y poco personal destinado a funciones de seguridad pública. Finalmente, es el estado con el promedio más alto con respecto al componente del sistema de justicia.
Estados que prácticamente no tienen sistema de justicia
México, como país, tiene cuatro veces menos jueces (4.36) que el promedio a nivel mundial (17.83) (cifra de 2020 por cada cien mil habitantes). El país se encuentra en esta situación porque las entidades federativas carecen de las capacidades institucionales que permiten establecer políticas de seguridad y el acceso a la justicia.
Las siguientes entidades tienen un número superior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Campeche (11.96), Chihuahua (7.40), Zacatecas (7.27), Baja California Sur (6.51), Colima (6.29), Nayarit (5.34), Sinaloa (5.29), Durango (5.18), Guerrero (4.94), Tabasco (4.91), Guanajuato (4.69) y Ciudad de México (4.66).
La cifra negra y la tasa de violencia se mantienen en niveles muy altos El porcentaje de la cifra negra logró disminuir 1.82% como promedio a nivel nacional. Las entidades con niveles más altos en este ámbito son Guerrero (96.10), Oaxaca (95.20) y Michoacán (95.00).
Sin embargo, el estado con la cifra más baja es Colima (84.50) y aún cuenta con un porcentaje alto considerando las cifras de las otras entidades.
Lo anterior confirma que los mexicanos aún no tienen confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas.
