• Urnas, bajo amenaza
• El voto de la muerte
Las balas ya votaron, a cuatro días para que se celebren las elecciones en los estados mexicanos de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas y Coahuila, donde se renovarán, el domingo venidero, 900 presidentes municipales, los congresos locales y la gubernatura bajacaliforniana.
El presidente Enrique Peña Nieto, robándole imagen y audio a un evento en la casa presidencial, donde se anunció importante inversión turística, este martes, advirtió que su gobierno no permitirá ni tolerará que ningún funcionario federal interfiera o tenga injerencia en los procesos electorales. Y vaya que la han tenido, los gobernadores. Si no, pregúntenselo a José Guadalupe Ozuna Millán, que despacha en su albiceleste oficina de Tijuana.
Sin embargo, manos criminales ya intervinieron con balas asesinas en el proceso electoral y dispararon su voto sangriento en los estados de Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Y lo que dispongan antes del domingo.
Todo el mundo conoce ya los hechos. El atentado más reciente ocurrió en el estado de Durango, donde fue asesinado el aspirante por el izquierdista Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Dimas, Ricardo Reyes Zamudio.
En Guadalupe y Calvo, un pueblo del mero Chihuahua, el candidato del PRI (el partido del presidente Peña Nieto), Jaime Orozco fue dado como desaparecido a principios de junio y encontrado muerto días después. Curiosa y mortal desaparición: Guadalupe y Calvo es parte del Triángulo Dorado, la zona en la que convergen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, y donde importantes empresas de la droga se disputan el territorio rico amapola y marihuana.
En el noroccidental estado de Sinaloa, fue hallado sin vida un joven (19), hijo de Antonio Loaiza, encargado de la campaña de Amado Loaiza Perales, aspirante a la alcaldía de San Ignacio, también por el partido de los colores verde, blanco y colorado.
El presidente del Consejo Estatal del PRD en Oaxaca, Nicolás Estrada Merino, encargado de seleccionar a candidatos a diputados y alcaldes del partido de Los Chuchos en esa región del sur mexicano, fue hallado hecho cadáver. En Oaxaca, también, una candidata a diputada por el PRI, Rosalía Palma, resultó gravemente herida en un ataque en el que murió su esposo y una sobrinita.
Pero qué se puede hacer después del niño ahogado. Menos alegar que así ha sido siempre. En las elecciones federales del 94, el muerto fue más prominente. Luis Donaldo Colosio, el candidato incómodo a la presidencia de la república. La misma historia. Nunca se supo quién mandó a asesinar a aquel joven de Magdalena de Quino. Tampoco ahora se sabrá quiénes son las manos asesinas de los candidatos. Dicen que los cárteles de la droga. Pero sólo eso: Dicen. Es el cuento de nunca acabar.
Ha estado circulando en los medios mexicanos y extranjeros un estudio del Instituto Federal Electoral (IFE), con una importante revelación: en las elecciones del julio de 2012, de las que resultó electo presidente de la república Enrique Peña Nieto, la quinta parte del territorio nacional votó bajo la amenaza de la violencia. Esta situación afectó a 3.5 millones de mexicanos. Uno de cada cinco electores. Tres veces más que en 2009.
A Peña Nieto no le queda más que apechugar. Y es posible que por ello haya aprovechado la tribuna del evento sobre turismo, que encabezó al mediodía del martes, para fijar la posición “del Gobierno de la República” en torno a los procesos electorales en curso. A cuatro días de la jornada electoral, el presidente “trabajará – en el ámbito de su competencia – para asegurar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones. Y “tolerará” que funcionario federal alguno interfiera o tenga injerencia en los procesos electorales…
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