La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, tendría elementos para evaluar la apertura de una investigación contra el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador por una presunta campaña sistemática de persecución y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos, de acuerdo con un análisis citado por Proceso.
El documento fue elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y encabezado por Lindsay Freeman. El estudio plantea una ruta doctrinaria y probatoria para solicitar un “examen preliminar” por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2018 y 2024.
Según la investigación, la estrategia gubernamental incluyó vigilancia intrusiva sin orden judicial, campañas digitales de acoso y estigmatización desde el poder público. Esas conductas podrían encuadrarse en la figura de persecución prevista por el derecho penal internacional.
El análisis documenta que durante la administración anterior fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos, con un total de 337 víctimas. Sin embargo, señala que el daño no se limitó a la letalidad, sino que habría formado parte de un ataque estatal sistematizado.
Entre los mecanismos identificados están la estigmatización desde las conferencias matutinas, la vigilancia ilegal mediante spyware militar —como Pegasus y Geomatrix— y el uso del aparato judicial contra personas críticas, descrito en el informe como lawfare.
El reporte registró 2 mil 827 fragmentos de las mil 437 conferencias mañaneras en los que López Obrador habría denostado a periodistas mediante expresiones como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”.
La investigación también relaciona la estigmatización verbal con agresiones físicas. Entre los casos mencionados está el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido un día después de que fuera señalado en una conferencia mañanera, así como el homicidio de Fredid Román en Guerrero.
De acuerdo con el análisis, Román fue intervenido con software malicioso después de publicar información sobre el caso Ayotzinapa y fue asesinado al día siguiente.
El Centro de Berkeley respaldó sus conclusiones en el Proyecto de Rendición de Cuentas por Crímenes en México, que incluye una plataforma probatoria interactiva con una base de datos verificada de agresiones, registros sobre la compra de ciberarmas a NSO Group y Rayzone, y un análisis sistematizado de las conferencias mañaneras.
Los materiales también incorporan evidencia de Guacamaya Leaks y de la investigación Ejército Espía, realizada por R3D y Citizen Lab, sobre un presunto centro de inteligencia militar dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional que habría operado programas para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas y funcionarios civiles.
El informe sostiene que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 7 del Estatuto de Roma, relativo a la privación intencional y grave de derechos fundamentales contra un grupo definido por su función de interés público, y plantea que el expediente sea presentado ante la Fiscalía de La Haya.
