• Autodefensas, bien como están
• El gobierno no debe cooptarlas
Los movimientos populares, los movimientos ciudadanos, funcionan y funcionan muy bien, son eficientes y eficaces siempre que actúen desde abajo, desde la comunidad, desde la democracia participativa de sus integrantes, en una pirámide invertida.
Se echan a perder cuando se estructuran, cuando se institucionalizan. Entonces pierden todo, se convierten en entidades rígidas. Cadavéricas, que ya no responden a los objetivos por los cuales fueron creadas por la comunidad y una vez institucionalizadas deben y tienen que cumplir protocolos burocráticos, de poder piramidal, de cúspide, decisiones de arriba para abajo.
Así ha sido desde el comienzo de los tiempos. Y lo dicho funciona para los Grupos de Autodefensa en Michoacán y en cualquier otro estado, como el de Guerrero, en donde siempre han existido medio institucionalizados, desde cuando la Defensa Nacional mantenía las legendarias Guardias Rurales, grupos medio institucionales y medio paramilitares al mando de un comandante nombrado por la jerarquía militar.
Los grupos de autodefensa surgieron de una necesidad comunitaria. Son auténticos representantes populares, que responden a intereses concretos de los ciudadanos. Cansados de la violencia criminal, los miembros de la comunidad se acogieron a tales grupos porque los sintieron como suyos. Ya no eran los policías municipales inútiles, sino verdaderos representantes y defensores.
En el caso, intereses de defensa de la vida, frente a un poder institucional como es el de las bandas del crimen organizado, y frente a la ineficiencia y diría que inutilidad de los cuerpos policiacos, muchos de los cuales hasta están asociados a los criminales.
Por ello, no se comprende por qué el afán del gobierno federal de que las autodefensas cuenten con una placa de policía, registren sus armas, y den a conocer los nombres de sus miembros. Y más llama la atención que el comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, haya anunciado que las autodefensas y el gobierno federal ya habrían acordado que esos grupos se convertirán en cuerpos de defensa rural.
Es más, el funcionario aclaro que la regularización de las autodefensas incluye presentar una lista de todos los integrantes y registrar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un evento en Tepalcatepec, donde el 24 febrero de 2013, inició el movimiento autodefensa, Castillo advirtió que, sin embargo, los integrantes de las autodefensas podrán formar parte de los cuerpos de seguridad municipales siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley.
Uno de los presuntos voceros de las autodefensas de nombre Estanislao Beltrán supuestamente aceptó los puntos del acuerdo apuntados por Castillo. Habría que ver qué piensan los demás dirigentes de los grupos de autodefensa. No es fácil para los líderes de ese movimiento decir sí a una propuesta oficial de tal naturaleza, porque esos grupos, originalmente de corte popular, democrático, se organizaron precisamente ante la ausencia de cuerpos policiacos profesionales, incorruptibles, profesionales. Cuesta trabajo creer que la mayoría de los líderes de esos grupos de defensa de la comunidad firme un acuerdo con el que prácticamente firman su desaparición. Las autodefensas han funcionado porque no están institucionalizadas, no forman parte de una estructura de seguridad caduca, corrompida, ineficiente.
El gobierno tendría que empezar ya por aceptar las decisiones populares que se dan para responder a contingencias. La más emblemática decisión ciudadana de la historia reciente fue la organización popular y ciudadana que enfrentó los gravísimos impactos de los sismos de 1985 que devastaron zonas importantísimas de la ciudad de México. Entonces los ciudadanos se organizaron también por la ineficiencia e inutilidad de aquellas autoridades.
Así que el mejor camino sería que el gobierno federal acepte la existencia y operación de las autodefensas como un fenómeno de cultura popular. Ya es tiempo de que los más importantes empleados públicos comiencen a respetar la voluntad popular.
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