José Luis Parra
Un expediente de 203 páginas podría convertirse en una bomba de tiempo para el círculo cercano de Andy López Beltrán.
Y no precisamente por su grosor.
El personaje central es Luis Alberto Olán Aparicio, hermano de Amílcar Olán, empresario identificado públicamente como amigo cercano del hijo de Andrés Manuel López Obrador.
El expediente, según lo publicado por el periodista Claudio Ochoa, contiene antecedentes judiciales, registros telefónicos y una larga lista de contactos de Luis Alberto.
En política los amigos son importantes.
Pero los teléfonos hablan más.
Y cuando aparece una sábana de llamadas, generalmente hay quienes empiezan a perder el sueño.
Luis Alberto Olán, conocido como “Scarface” o “El Güero”, fue detenido en 2009 por su presunta participación en un atentado contra Alex Álvarez Gutiérrez, exsubprocurador de Justicia de Tabasco, asesinado años después.
Desde entonces promovió diversos amparos.
Hasta que en 2021 apareció una resolución médica que resultó providencial.
Un dictamen estableció que Luis Alberto no tenía capacidad para ejercer sus funciones volitivas y requería de un tutor.
Así libró una orden de reaprehensión.
Hasta ahí todo podría formar parte de uno de tantos expedientes judiciales mexicanos.
Lo interesante viene después.
Porque resulta que el hombre considerado médicamente incapaz para determinadas funciones habría participado posteriormente, en 2023, en negociaciones relacionadas con los negocios familiares.
Milagros de la medicina mexicana.
O de los negocios.
Quién sabe.
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El asunto sería únicamente familiar si no fuera porque recientemente aparecieron audios atribuidos a los hermanos Olán donde hablan de su cercanía con Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, señalado como integrante relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz.
Y entonces el expediente cambia de dimensión.
En esas conversaciones, según las publicaciones difundidas, los hermanos presumen que esa relación habría permitido desarrollar algunas actividades empresariales sin mayores contratiempos.
Entre ellas aparece un viejo conocido:
El Tren Maya.
Concretamente la producción de balastro para una de las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Y aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante.
Porque Amílcar Olán ha sido señalado durante años por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán.
Así que el problema posiblemente ya no sea determinar solamente qué hizo Luis Alberto.
La pregunta será con quién hablaba.
Y quién hablaba con quién.
Un expediente judicial puede archivarse.
Una conversación puede explicarse.
Un negocio puede justificarse.
Pero cuando aparecen simultáneamente negocios gubernamentales, relaciones políticas, antecedentes judiciales y personajes señalados por vínculos con el crimen organizado, la mezcla empieza a ser altamente inflamable.
Obviamente habrá que esperar investigaciones oficiales y pruebas.
Porque una cosa es una publicación periodística y otra una sentencia judicial.
Pero en política existe una regla no escrita:
No siempre mata el delito.
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A veces mata el expediente.
Y si efectivamente existen registros detallados de llamadas y contactos de Luis Alberto Olán, alguien tendrá que explicar hasta dónde llega esa red.
Por eso posiblemente Luis Alberto sea hoy el eslabón más vulnerable de Amílcar.
Y Amílcar, a su vez, podría convertirse en el eslabón más incómodo para Andy.
Una especie de cadena alimenticia política.
El pez grande no necesariamente cae primero.
Generalmente empiezan con el pequeño.
Lo aprietan.
Habla.
Luego buscan al siguiente.
Y así sucesivamente.
Mientras eso ocurre alrededor de uno de los hijos del expresidente López Obrador, otro expediente comienza a generar ruido.
Darío Celis asegura que en Estados Unidos existirían investigaciones relacionadas con el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán y su entorno familiar.
El asunto ya no estaría limitado al escándalo del huachicol y a sus sobrinos Fernando y Roberto Farías Laguna.
También aparece Sandra Luz Laguna Rivera, esposa del exsecretario.
Y Sonora.
Qué casualidad.
Las versiones apuntan hacia contratos y negocios relacionados con la entidad y mencionan incluso al hijo del gobernador Alfonso Durazo, Alfonso Durazo Chávez.
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Entre los asuntos bajo observación estaría la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco.
Hasta ahí las versiones periodísticas.
Nada más.
Pero tampoco nada menos.
Porque si algo ha demostrado la política mexicana es que cuando Estados Unidos comienza a reunir expedientes, aquí muchos descubren repentinamente la importancia del Estado de derecho.
Y hasta se vuelven partidarios del debido proceso.
Qué bueno.
Nunca es tarde.
Por ahora hay dos historias aparentemente distintas.
Una pasa por Tabasco, Veracruz, el Tren Maya y Andy López Beltrán.
La otra cruza por la Marina, el huachicol, Sonora y Alfonso Durazo.
Pero ambas tienen algo en común:
Expedientes.
Y Estados Unidos observa.
Habrá que ver hasta dónde llegan las investigaciones y cuántos nombres terminan apareciendo.
Porque una cosa son los discursos.
Otra los amigos.
Y otra muy diferente las llamadas telefónicas.
En política, como en cirugía, a veces una pequeña incisión basta para descubrir que el problema estaba mucho más adentro.
