La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que busca elevar a rango constitucional el Fondo de Pensiones para el Bienestar, garantizando una pensión mínima de 16 mil 777.68 pesos mensuales para los trabajadores bajo el régimen de ahorro individual de 1997. La reforma al artículo 123 de la Constitución, que será discutida en el pleno en la próxima legislatura, busca asegurar que las pensiones sean vistas como un derecho garantizado y no como un simple producto financiero.
Un cambio de paradigma
Morena defendió la reforma como un avance que deja atrás la visión neoliberal de las pensiones como productos financieros. Sin embargo, la oposición, encabezada por el PAN y el PRD, cuestionó la viabilidad financiera del fondo, argumentando que su financiamiento se basa en fuentes no recurrentes, como deudas estatales con el SAT y utilidades de proyectos administrados por las fuerzas armadas, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Críticas y advertencias
Durante el debate, la diputada priísta Laura Haro advirtió que los artículos transitorios del dictamen podrían comprometer la viabilidad del fondo, señalando que depender de la extinción de órganos autónomos como fuente de financiamiento es una estrategia peligrosa. Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez insistió en que el fondo estaría sujeto a la disponibilidad financiera, lo que genera incertidumbre sobre su sostenibilidad a largo plazo.
Ajustes de última hora
La comisión aceptó algunas reservas a discusión, pero la mayoría de Morena y sus aliados desechó las propuestas de la oposición. Sin embargo, se aprobó una reserva presentada por el morenista Rosendo Medina que suprime los transitorios relacionados con las fuentes de financiamiento complementario, argumentando que estas ya están previstas en la reforma legal de abril que constituyó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
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