La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., ante las circunstancias políticas actuales que han convulsionado y evolucionado la vida económica y social, proclama frente a transiciones, traiciones, ocurrencias, indignidades, eventualidades y crisis, la convicción y la imperiosa necesidad de mantener erectos los principios que deben ser inalterables de la justicia, raíz y cimiento indeclinable de la convivencia y el derecho, contenidos fundamentalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios Internacionales signados por México, expresión latente de nuestra conciencia jurídica patria, coincidente en forma y fondo con la tradición más preciada e inestimable del pensamiento jurídico nacional.
Acorde con la antepuesta proclamación, se solicita a todas las Barras, Colegios, Institutos, Ateneos, Confederaciones de Abogados se mantengan los deberes de honor de las Togas que portamos. Deberes hacia nosotros mismos y hacia nuestra propia conciencia de abogados, los cuáles encuentran cabida en ese “honor profesional”, que ante la ley juramos respetar; probidad que debe y tiene que ser acrecentada por los escrúpulos y por así decirlo, por nuestro pundonor, que no es un honor vulgar, sino más bien, es la “integridad profesional”.
Como toda la Abogacía Nacional sobradamente lo sabe, es la probidad, el principal elemento que debemos portar en nuestras togas; probidad en los pensamientos, lealtad a nuestra Constitución Política. También sabemos que en los días que transitamos, cara a las próximas elecciones, nos agobian dos conductas deleznables: la corrupción y la falta de respeto a nuestra Carta Magna. Si dentro de éste universo de trastocación de valores éticos, políticos, partidistas, jurídicos y morales en que vivimos, se nos pudiera permitir a los abogados la osadía de definir la figura jurídica de la corrupción, bien podríamos referir que ésta, según la doctrina más afamada, “es la acción o efecto de corromper, corromper significa alterar el contenido y sentido de nuestras leyes, trastocar el espíritu y letra de nuestro Pacto Federal, perder la dignidad intelectual o moral y, por extensión, pervertir a nuestras instituciones de justicia, viciar a nuestro México.
Hemos visto, en despreciables casos de inconstitucionalidad de nuestras leyes, que no sólo el Poder Ejecutivo, sino incluso los otros dos Poderes de la Unión y, algunos legisladores y funcionarios se encuentran inmiscuidos en la insana industria de la corrupción.
Ello sin considerar a ciertos ministriles de justicia garantes de la sociedad y guardianes de la ley, que día a día corrompen a nuestra justicia. El Presidente de la República tiene todavía un enorme trecho que recorrer para tratar de sanear esa pestilente cloaca que actualmente se encuentra en el subsuelo de México y aún por desgracia no ha hecho nada y permitido todo.
Mientras la abogacía no eleve el tono de voz y se procese a esos delincuentes solapadores de la corrupción y acciones de la narcopolítica, de ahora y de ayer, nuestro México no recuperará la credibilidad en nuestras instituciones y en las camufladas acciones del gobierno. A la abogacía se le impone dar inicio de una limpia a fondo y en serio contra ese flagelo que menosprecia a nuestra Nación.
El Primer Magistrado de la República, debe ser hoy más que nunca, implacable contra todos aquellos –amigos o nó— que hubieran permitido en el desempeño de sus mandatos que proliferara y se afianzara el cáncer de la corrupción.
No resulta propicio que por simple dinero, se olviden los principios torales del Legado de Carranza que a pesar de todo todavía sustenta nuestro casi agónico Estado de Derecho.
La corrupción es la madre en el apocalipsis de lo antijurídico y ello no debe ser olvidado por nuestras togas, por nuestras consciencias, por nuestro México.
Hasta que los abogados no nos definamos plenamente, México y su Estado de Derecho seguirá en el caos.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
