Una auditoría interna del Órgano Interno de Control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sacado a la luz una serie de irregularidades en el manejo de seis fideicomisos que acumulan un total de 6 mil 985 millones de pesos.
Estos fideicomisos, cuya extinción fue ordenada por el Congreso de la Unión en 2023, han seguido operando bajo amparos promovidos por el Poder Judicial.
El informe DED-2024-04, realizado durante el primer semestre de 2024, revela un uso discrecional y opaco de los fondos, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Manejo opaco de fideicomisos
El informe detalla que uno de los fideicomisos más cuestionados es el 80689, relacionado con el «Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD’s y Otros Proyectos». Durante 2023, este fideicomiso registró un gasto significativo de 186 millones de pesos, destinado al «servicio administrado para el diseño, desarrollo, implementación y operación del sistema integral de seguridad física».
Sin embargo, el Órgano Interno de Control señaló inconsistencias en la transparencia de esta erogación, ya que no se reportó en el Diario Oficial de la Federación, como es requerido para gastos de este tipo.
El reporte indica que se realizaron dos pagos en el primer trimestre de 2023: uno en enero por 103 millones 380 mil pesos y otro en febrero por 82 millones 864 mil pesos, que juntos representaron el 99.4% del total gastado por este fideicomiso en todo el año.
La auditoría también identificó un grado de opacidad, ya que no existe documentación pública que justifique el gasto ni el proyecto de seguridad física.
Fideicomisos y pensiones complementarias
Otra área de preocupación es el manejo de fideicomisos destinados a las pensiones complementarias. La auditoría interna señala que estos fondos, en particular el fideicomiso 80691 («Pensiones complementarias M.S.») y el fideicomiso 80690 («Pensiones complementarias M.M. y P.O.»), carecen de procedimientos formales para autorizar y pagar los beneficios de pensiones.
La Dirección General de la Tesorería de la SCJN, encabezada por la ministra Norma Piña, no cuenta con mecanismos claros para otorgar estos pagos, lo que deja espacio para un manejo discrecional de los recursos.
Además, el informe revela inconsistencias en el registro contable de las erogaciones de estos fideicomisos. En uno de los casos, el 99.4% de las erogaciones afectó directamente la cuenta de patrimonio, en lugar de las cuentas de gasto, lo que va en contra de las prácticas contables habituales. Ante estas irregularidades, se ordenó a la Secretaría Técnica de Seguimiento de Comités de Prestaciones Complementarias que establezca un procedimiento formal que regule la ejecución, supervisión y autorización de estos pagos.
Contexto de la reforma judicial y los fideicomisos
La controversia sobre el uso de fideicomisos en la SCJN se enmarca en un contexto de reforma judicial y austeridad impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como parte de esta estrategia, el Congreso de la Unión determinó en octubre de 2023 la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con la intención de que los recursos fueran reintegrados a la Tesorería de la Federación. Sin embargo, a través de amparos, el Poder Judicial ha evitado cumplir con esta disposición.
El uso de fideicomisos en el Poder Judicial ha sido ampliamente criticado por su falta de transparencia. Además de los fideicomisos de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantiene otros cuatro fideicomisos con 9 mil 765 millones de pesos, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) administra uno más con 17 millones 706 mil pesos.
Estas estructuras fiduciarias permiten que los recursos se gestionen fuera del presupuesto regular, lo que en algunos casos ha facilitado prácticas poco claras y discrecionales.
Gasto no transparentado en proyectos de seguridad
El caso del fideicomiso 80689, destinado al «Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD’s y Otros Proyectos», es uno de los ejemplos más destacados en la auditoría interna. Según el informe DED-2024-04, en 2023 se reportó una erogación de 186 millones de pesos para la implementación de un sistema integral de seguridad física, pero este gasto no fue debidamente transparentado. Los auditores internos señalaron que la SCJN no publicó esta información en el Diario Oficial de la Federación, lo que viola las normas de rendición de cuentas.
La auditoría señala que el fideicomiso 80689 registró un decremento patrimonial en el primer trimestre de 2023 por un monto de 189 millones 393 mil pesos. El grueso de esta cifra se destinó a financiar el sistema de seguridad física, y aunque los auditores revisaron las autorizaciones del Comité Técnico del fideicomiso, no se encontraron detalles del proyecto en sí. Esta falta de información pública ha generado suspicacias sobre la legalidad y justificación del gasto.
Respuesta de la SCJN
Ante los hallazgos de la auditoría, la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad de la SCJN emitió una respuesta el 17 de mayo de 2024. En un oficio, las autoridades judiciales argumentaron que los recursos utilizados para el proyecto de seguridad física no pueden ser equiparados con gastos operativos normales del fideicomiso, ya que formaban parte de un proyecto prioritario autorizado por el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN en 2022.
El Comité había autorizado el uso de los fondos del fideicomiso 80689 para financiar el sistema de seguridad física, y la SCJN explicó que esta decisión obedecía a la necesidad de contar con una fuente adicional de financiamiento para un proyecto estratégico. Sin embargo, los auditores internos insistieron en que, aunque los recursos del fideicomiso fueron utilizados legítimamente, el proceso debió haberse registrado de manera más clara en las cuentas de gasto para cumplir con las normas de transparencia.
Con información de Contralinea
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