Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron la reforma que reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Senadoras y senadores de los órganos legislativos avalaron, con 33 votos y sin cambios, la minuta que modifica diversos artículos de la Constitución Política, enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República.
Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que el texto incluye las propuestas de representantes de este sector de la población y cuenta con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades y ciudadanos recabadas en asambleas generales comunitarias.
“Ha sido un largo y exhaustivo proceso nacional de construcción colectiva”; entre 2019 y 2021 participaron más de 40 mil personas, 21 mil 300 de ellas fueron autoridades legítimas de los pueblos originarios que contribuyeron con sus propuestas, puntualizó.
Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, subrayó que el dictamen salda una deuda histórica con la protección de la identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y biodiversidad que integran el patrimonio de los pueblos originarios.
Además, refuerza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva, con igualdad sustantiva, en la toma de decisiones para el desarrollo de las comunidades.
Edith López Hernández, de Morena, enfatizó que se trata de una reforma integral para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, sobre todo, reconocer su capacidad de toma de decisiones con pleno respeto a su cultura e identidad.
Del PAN, Ricardo Anaya Cortés dijo que luego de la aprobación del proyecto de decreto es necesario dar paso a una serie de acciones dirigidas a alcanzar la igualdad sustantiva de los pueblos indígenas y afromexicanos, “porque si queremos cambiar la realidad, nos tenemos que hacer cargo” de su implementación.
Por el PRI, Néstor Camarillo Medina consideró fundamental que las comunidades originarias sean consultadas sobre cualquier decisión que afecte la posesión de sus tierras y sus formas de vida. Sólo podrán construir un futuro, agregó, cuando sus intereses sean una prioridad.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma constitucional tiene una “voluntad noble” y presenta mejoras en el reconocimiento de los derechos de grupos históricamente vulnerados; sin embargo, subrayó que el Ejecutivo debe acompañar el proyecto con políticas públicas que permitan una implementación exitosa de la reforma.
En tanto, Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, manifestó que, además de reconocer sus derechos e identidad, brindará a las comunidades herramientas para que se conviertan en actores relevantes de la vida pública del país.
Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, subrayó que en este sexenio se destinaron montos históricos de recursos públicos, que pasaron de 80 millones de pesos en 2018 a 141 millones de pesos en 2023, es decir, en tan sólo cinco años se incrementó en 75 por ciento el gasto federal para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.
Al finalizar el encuentro, Ernestina Godoy explicó que a lo largo de la reunión se recibieron los votos particulares de Pablo Guillermo Angulo Briceño y Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, mismos que se integrarán al expediente y se remitirán a la Mesa Directiva, junto con el dictamen y las reservas que se discutirán en el pleno del Senado.
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