El día 26 de septiembre se cumplen cinco años de los lamentables hechos de Ayotzinapa, donde el Estado conjuntamente con miembros de la delincuencia organizada privaron de su libertad y posteriormente de la vida a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El Sr. Lic. Andrés Manuel López Obrador, al asumir el encargo de Presidente Constitucional, anunció con gran bombo y platillo la instalación de una Comisión de la Verdad, cuyo punto de arranque tenía que sustentarse en todos aquellos instrumentos e informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del equipo independiente de expertos argentinos, quienes desde el principio han denotado su apoyo incondicional a los padres de las víctimas.
Cabe hacer mención que nuestro Poder Judicial Federal por sí y/o a través del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en el Estado de Tamaulipas, emitió una resolución que brindó el marco jurídico para la creación de la referida Comisión, intervención legal que encontró apoyo al concederles la razón a tres estudiantes que fueron torturados por la Procuraduría General de la República de Murillo Karam para que se autoincriminaran.
Por cima de la estructura jurídica del caso de Ayotzinapa emerge del fondo de los hechos una conducta moralmente intolerable y criticable propiciada por las huestes de Murillo Karam. El Tribunal Colegiado sostuvo y efectuó un reconocimiento de la tortura infringida por los guardianes de la ley a tres de los estudiantes imputados, practica que se determinó como violatoria del debido proceso que imponen nuestros ordenamientos y como resultado hasta la fecha han sido liberados 77 de los 142 detenidos de manera inicial, incluyendo capos de alta jerarquía cuya participación en la desaparición estaba debidamente acreditada y sustentada, incluso se habla de la existencia de unos informes de la Drug Enforcement Administration, (DEA) que vinculan dichos hechos con la narcopolítica.
Quien esto escribe debe de advertir, en vanguardia de los argumentos que en seguida se pasan a exponer; que la situación relatada en líneas antedichas hizo renacer el enorme malestar social por ciertas ocurrencias de las autoridades, no obstante ello la Fiscalía General de la República dio inicio a sendas carpetas de investigación para proceder en contra de los torturadores y fortalecer, además, la línea de investigación que estimó ello como crimen de Estado.
Tristemente la causa y el caso de Ayotzinapa ha puesto en evidencia dos lamentables realidades ante la corrupción propiciada por la narcopolítica. La primera en relación a la Procuraduría General de la República del gobierno neoliberal, misma que ha denotado una total y absoluta incapacidad y negligencia para enfrentar e investigar a la delincuencia. La segunda relacionada con la impunidad que se busca para esa narcopolítica responsable de las desgracias de la República.
En ambos contextos cabe preguntar: ¿hasta cuándo se brindará impunidad a los narcopolíticos de Ayotzinapa?.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
