Ayotzinapa: 40 normalistas siguen desaparecidos tras 12 años y tres gobiernos

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 40 continúan sin ser localizados. El expediente, iniciado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha atravesado tres administraciones federales, distintas instituciones y varias líneas de investigación sin establecer qué ocurrió con los jóvenes.

La etapa más reciente incluye un nuevo análisis de las actuaciones existentes. En agosto de 2026, la fiscal general Ernestina Godoy informó que la revisión abrió líneas relacionadas con las comunicaciones telefónicas de la noche del 26 de septiembre de 2014.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se revisan nuevamente las llamadas y sus vínculos entre personas, horarios y movimientos. La Presidencia indicó que este trabajo permitió abrir líneas que derivaron en nuevas detenciones. Durante La Mañanera de este viernes, Sheinbaum anunció que el informe sobre los avances se presentará el lunes 28 de septiembre.

Otra línea se concentra en las cámaras ubicadas frente al Palacio de Justicia de Iguala. La Fiscalía General de la República sostuvo que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue captado por las cámaras 12 y 15 cuando era detenido por policías.

De acuerdo con la FGR, las primeras versiones oficiales afirmaban que las grabaciones no existían debido a fallas técnicas. Sin embargo, una investigación posterior estableció que el material sí estaba disponible.

Ese expediente derivó en la detención del exgobernador de Guerrero Ángel “N”, quien en agosto de 2026 fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada, bajo la hipótesis de que ocultó información relevante. El proceso continúa y no representa una sentencia de responsabilidad.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó, en diciembre de 2018, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Un año después, la FGR estableció la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, encargada de investigar y llevar los procesos relacionados con la desaparición.

En esa etapa se incorporaron archivos de diversas instituciones, análisis de telefonía y escuchas telefónicas obtenidas en Estados Unidos sobre integrantes de Guerreros Unidos. En 2023, la CoVAJ informó que había revisado 87 millones de registros telefónicos, depurado 84 mil considerados relevantes y ubicado 116 números activos relacionados con los grupos que operaban durante los hechos.

El expediente registra tres identificaciones genéticas. Alexander Mora Venancio fue identificado en 2014 a partir de restos recuperados en el río San Juan. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz fueron identificados con restos localizados en el predio Barranca de la Carnicería, en Cocula.

La primera investigación estuvo a cargo de la entonces Procuraduría General de la República y quedó marcada por la llamada “verdad histórica”, presentada por Jesús Murillo Karam el 7 de noviembre de 2014. La dependencia sostuvo que los estudiantes fueron entregados por policías a integrantes de Guerreros Unidos, trasladados al basurero de Cocula, asesinados e incinerados.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionó esa versión en 2015. En sus informes señaló irregularidades, inconsistencias y omisiones, y concluyó que la explicación sobre la quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula no tenía sustento científico.

También permanece pendiente la información de la Secretaría de la Defensa Nacional. En septiembre de 2023, los padres solicitaron datos sobre 868 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. La CoVAJ informó que revisó 17 mil 61 fojas entregadas por la Sedena y encontró 18 folios correspondientes a la información solicitada.

Entre los 40 estudiantes que continúan desaparecidos se encuentra Julio César López Patolzin. Documentos de la CoVAJ señalan que la Sedena lo tenía registrado desde 2012 como un elemento que realizaba labores de información dentro de la Normal Rural de Ayotzinapa.