CIUDAD DE MÉXICO.- Con la finalidad de otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales, que den trabajo a mujeres víctimas de violencia, la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (PAN) propuso adicionar un Capítulo II Bis, denominado “De los Patrones que Contraten a Mujeres Víctimas de la Violencia”, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La iniciativa, turnada para dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, precisa que el estímulo fiscal consistiría en deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del ISR en el ejercicio fiscal correspondiente, por un monto equivalente a 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las mujeres violentadas.
Además, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del ISR del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de la ley.
Menciona que los contribuyentes que apliquen los beneficios previstos deberán presentar el comprobante de la denuncia de cada mujer contratada bajo esta condición, así como cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social.
La diputada Balderas Hernández expone que “miles de mujeres, niñas y adolescentes, sufren algún tipo de violencia que puede manifestarse en distintos espacios como el hogar, el trabajo, la escuela, entre otros”.
Refiere que, de enero a marzo de 2022, la violencia contra la mujer ha sido un fenómeno que va en aumento, ya que se reportaron 628 mujeres víctimas de homicidio doloso; 229 presuntos delitos de feminicidio; 234 presuntas víctimas de feminicidio; 10 mujeres asesinadas de forma violenta al día; 56 mil 224 presuntos delitos de violencia familiar; 625 personas violentadas en su propio hogar al día, y 5 mil 315 presuntos delitos de violación, lo que se traduce a 59 personas violadas cada día.
Añade que durante 2021 México registró la cifra de feminicidios más alta en la historia, con mil seis casos, así como también en delitos de violación, al acumular 21 mil 188 denuncias por este tipo penal.
La diputada del PAN argumenta que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, actualmente “es notoria la falta de políticas públicas integrales que contribuyan a garantizar una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres. Esta situación se ha agravado de tal manera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado distintas recomendaciones al gobierno”.
Por ello, afirma, “la iniciativa se enfoca en motivar a las empresas, a través de estímulos fiscales, en la contratación de mujeres víctimas de violencia logrando la recuperación en ella misma, no ser dependiente económica de nadie y, por su parte, apoyar a que las empresas sean parte de la responsabilidad social que todas y todos debemos adoptar para hacer efectivo el derecho que tenemos como mujeres a vivir una vida libre de violencia”.
AM.MX/fm
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