El acuerdo de Pemex con Comproca se dio allá por el 2001. La paraestatal pagaría a ese consorcio formado por Siemens y SK Engineering 100 millones de dólares que efectivamente le adeudaba por la reconfiguración de la refinería de Cadereyta y, colorín colorado, el largo y ahora oneroso pleito se hubiera evitado.
Tal acuerdo, por supuesto, debía ser sometido a la aprobación de los consejeros de la petrolera nacional, pero a la hora de la hora ninguno quiso estampar su firma en los documentos.
Francisco Gil Díaz, a la sazón titular de Hacienda, dijo nones. Igual lo hicieron Ernesto Martens, de Energía. Y Francisco Barrio, de lo que quedó de la Contraloría.
Y entonces la coreana SK Engineering se fue a la Corte de Arbitraje Internacional, el famoso tribunal de París, y demandó por 300 millones de verdes que, súmele intereses, gastos y demás, ya son ahora más de 500 millones de dólares… mismos que, todo indica, Pemex va a perder. Los perderemos nosotros los contribuyentes, en realidad.
Gil Díaz, se adivina, no quiso firmar porque desde siempre él planeó y ansió que su pariente mazatleco Juan José Suárez Coppel encabezara a la paraestatal –lo que consiguió hasta llegado el fatídico calderonato–, por lo que invariablemente estorbaba y a veces hasta frenaba las políticas y decisiones de los altos mandos de Pemex.
Hoy, de acuerdo al siempre bien enterado colega Darío Celis, Suárez Coppel y su antecesor en la dirección general de la primera empresa pública del país, el nefasto Luis Ramírez Corzo, son socios en una empresa denominada Oro Negro, en la que también son asociados Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo, hijo y cuñado, respectivamente, ¿de quién cree usted?, pues de Francisco Gil Díaz.
No sólo eso. Ramírez Corzo ¡hoy asesora al director general en funciones!, Emilio Lozoya Austin, quien incluso –se rumora– lo tuvo un tiempo como suegro. Hay por ahí, además, un “negocito” de plataformas petroleras de por medio.
Y tanto Ramírez Corzo como Suárez Coppel, cada cual en su momento, se negaron a pagar a la constructora coreana lo que les ordenaba el tribunal parisino, y que era mucho menos de los que se les adeuda hoy.
¿Hay responsabilidad en su negativa a firmar los acuerdos, primero, y los cheques después?
Cualquiera adivinaría que sí. Que por supuesto…
SÓLO GANA EL ABOGADO
Muchos son quienes se han beneficiado personalmente de esta litis entre Pemex y SK Engineering.
Otro de ellos es el chihuahuense Eduardo Romero Ramos quien, por allá del 2001, se desempeñaba como segundo de a bordo de su paisano Francisco Barrio, en la entonces recién bautizada Secretaría de la Función Pública.
Y en tal virtud era uno de quienes, representando a su superior jerárquico, no sólo participaba en las negociaciones con las que se arribó al Convenio de Culminación de Cadereyta, incluso las promovía arguyendo que a él le gustaba llevar la fiesta en paz y no llegar al pleito. Pero al final, cuando en Pemex pidieron que también firmaran Gil Díaz, Martens y Barrio, fue el primero que “se rajó”.
Quizá también fue él quien aconsejó a Barrio no firmar el finiquito.
Pero él, por su parte, sí que aprovechó la situación.
Desde antes de ingresar a las actividades de la administración pública, primero en Chihuahua y luego en el ámbito federal, Romero es socio del despacho internacional Baker & McKenzie, y jefe de la oficina de éste en Ciudad Juárez.
Baker & McKenzie lleva años representando a Pemex en el litigio contra los coreanos.
Y desde entonces deben ser mucho los millones de dólares de los contribuyentes que han ido a parar a los bolsillos de los socios de ese bufete jurídico, por mal llevar un asunto que debió resolverse en el 2001.
Doce años de pleito. Más de 500 millones de dólares deberá pagar Pemex, cuando hace dos sexenios la suma no llegaba a los 100.
Doce años de ganancias para Gil, parientes y asociados. Para Romero Ramos, también.
Doce años de pérdidas para nosotros los contribuyentes, ¿a poco no?
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