Cámara de Diputados aprueba prohibición de vapeadores y uso ilícito del Fentanilo

La Cámara de Diputados dio un paso significativo en la lucha contra el consumo de sustancias nocivas al aprobar este martes en lo general reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución, que prohíben el uso de vapeadores y declaran ilegal el uso de fentanilo.

Con 410 votos a favor, 24 en contra y sin abstenciones, el dictamen busca frenar la producción, distribución y adquisición de estos dispositivos y sustancias peligrosas.

Detalles de la Reforma

La reforma establece sanciones para “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley”.

Se espera que esta medida contribuya a erradicar los daños a la salud provocados por el uso de estas sustancias, que incluyen problemas respiratorios y cardiovasculares.

Datos Alarmantes

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Información en Salud, entre 2010 y 2019 se registraron 28,122 fallecimientos relacionados con trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias.

De estas muertes, 26,705 fueron atribuibles al consumo de alcohol y 1,192 al uso de drogas ilícitas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también ha identificado un aumento en la fabricación de drogas sintéticas desde 2009.

Críticas a la Prohibición

Durante el debate, algunos legisladores expresaron su preocupación por la forma en que se implementa esta prohibición. La diputada Cynthia López Castro (PRI) advirtió que cerrar las puertas a los vapeadores podría abrir un mercado negro. “La regulación es necesaria; no podemos simplemente prohibir sin considerar las consecuencias”, afirmó.

Por su parte, el diputado Miguel Rodarte (PAN) cuestionó si es apropiado incluir prohibiciones en la Constitución, sugiriendo que esto podría llevar a un enfoque excesivo en la regulación de profesiones.

En su intervención, Javier Farías Bailón cuestionó que Morena quiera prohibir vapeadores por la demanda que tendrán en el mercado negro.

El dictamen establece un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico relacionado con esta reforma. Los congresos locales tendrán un año para adaptar sus leyes a las nuevas disposiciones.

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