En 2019, Yasmín Esquivel Mossa asumía su puesto como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con una defensa firme de su papel como «máximo intérprete de la Constitución» y de su capacidad para frenar posibles excesos de otros poderes.
Sin embargo, la actual postura de Esquivel contrasta con aquella visión, al argumentar que la intervención del máximo tribunal podría atentar contra la democracia y la división de poderes.
Cuando fue candidata al puesto, Esquivel declaró ante el Senado que la Suprema Corte debía “contener cualquier exceso de cualquiera de los poderes”.
Para ella, el tribunal representaba una barrera contra los abusos del Ejecutivo y el Legislativo, calificándolo como «la institución emblemática de la división de los poderes del Estado mexicano». En esa ocasión, el Senado la eligió para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos en una nominación propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Años después, su postura ha dado un giro: Esquivel ha criticado que la Corte revise decisiones del Congreso y del Ejecutivo, como la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la opacidad en los megaproyectos federales.
Durante una sesión en octubre, sostuvo que permitir a la SCJN analizar reformas constitucionales sería “abiertamente antidemocrático” y un ataque a la división de poderes. “Someter al órgano autor de las reformas a la Constitución al control de calidad de la SCJN sería abiertamente antidemocrático”, argumentó.
Este cambio se refleja también en su rechazo a que la Corte discuta la reforma judicial impulsada por el expresidente López Obrador y aprobada por el Congreso, dominado por Morena.
Aunque Esquivel defendió la independencia judicial en 2019, su actual posición mantiene que la reforma es inatacable y definitiva, y sostiene que no debería revisarse, postura que va en dirección contraria a su compromiso inicial de proteger la autonomía judicial.
Este martes 5 de noviembre, el pleno de la SCJN iniciará la discusión sobre un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone declarar inconstitucionales ciertas disposiciones de la reforma judicial.
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