Una de las más incalificables pífias en la muy extensa y turbulenta historia jurídica nacional, resulta ser aquella alianza de la procuración de justicia con el poder del narcotráfico que se dio al inicio del neoliberalismo.
En el México de hoy y en ésta Cuarta Transformación de la Federación, todavía es tiempo de llevar ante los estrados de la justicia al narcopolítico que dio origen a tal anormalidad con medidas elementales: La aplicación estricta de la ley y tomar la decisión política y jurídica que logre la exterminación de tal engendro.
Pero no es en ésta dirección, sino en la contraria: hacia dónde dirige a México Andrés Manuel López Obrador.
Ésta forma de gobernar tan equivocada ha quintuplicado el número de los narcopolíticos adeptos a la impunidad (hasta el extremo de afirmar que lo que conocíamos como –excepción— resulta ser más abundante que la –regla–), lo cuál originó que los narcojuristas sean en la actualidad grandes empresarios en el ramo inmobiliario. Andrés Manuel López Obrador lamentablemente se mantiene y entretiene con su política de “abrazos y besos a la delincuencia”, incluso con el desprecio absoluto a nuestra Constitución Republicana. Su pensar y actuar actual no han dado solución satisfactoria a tan severo problema, lejos de aplicar la ley, se ha encargo de menospreciarla.
Tampoco Alejandro Gertz Manero y algunos de sus títeres de la Fiscalía General de la Nación atienden y entienden ese problema. A contrario sensu se aprovechan y le brindan impunidad. No dan respuesta a los pedimentos de justicia para que se aplique la ley.
México como si nada. El espectáculo de la justicia ha llegado al extremo de ser tan intolerable que el mismo pueblo ha tomado justicia por propia mano, apedreando y aniquilando a algunos de los protegidos de ciertos narcopolíticos, mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aferra en seguir aplicando su política de “abrazos y besos a los infractores de la ley” y ni siquiera por ocurrencia quieren aportar balsamo alguno a tan insufrible contratiempo. Y así México continúa, con la verguenza e injusticia a cuestas.
En nuestro Código Penal Federal se castiga con pena de prisíon al delincuente. La Fiscalía General de la República con su omisión al cumplimiento del deber asegura y efectúa una indecente proteccón a ellos. Lo deseable es que la justicia sea llevada hasta sus últimos extremos. Ni la Cuarta Transformación de la República ni el neoliberalismo se han atrevido a ello. Contrariamente han dado luz verde a la impunidad, a la ilegalidad, a la inmundicia.
Nuestros recordados catedráticos universitarios, aquellos que nos adentraron en el estudio de la sentencia judicial emitida en 1894, por los tribunales de Paris, en el caso seguido en contra del Capitan Alfred Dreyfrus por aquél conflicto político en el siglo XIX, nos hicieron saber con la elegancia que los caracterizaba que: “Basta una sola inequidad, una sola afrenta a la justica, cuando es institucional y políticamente tolerada, para romper todo el pacto social; basta un sólo deshonor, cuando es politicamente practicado y aceptado, para deshonrar a todo un gobierno”.
Es el fenómeno de la narcopolítica lo que propició que se pisoteara a nuestra Constitución Republicana. Es el poder del narcotrafico el que deshonra a nuestra patria, es la Fiscalía General de la República con su omisón a investigar, con su renuncia a procurar justicia, la que deshonra a México.
¿No será tiempo ya de acabar de una vez por todas con toda la impunidad concedida a la narcopolítica?.
¿No será tiempo ya de encauzar a México por el sendero de la legalidad?.
¿Usted qué cree, estimado lector?.
Es cuanto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
