José Luis Parra
ay momentos en que la política mexicana demuestra una creatividad verdaderamente admirable.
Afuera tenemos al huracán Polo, que llegó a alcanzar categoría 5 y mantiene bajo alerta a buena parte del Pacífico mexicano.
Desde Nueva York, Donald Trump aprovechó la tribuna de la ONU para decir que México es el “epicentro” de la violencia de los cárteles y exigir al gobierno mexicano recuperar el control de su territorio. También dejó abierta la advertencia de utilizar el poder militar estadounidense cuando considere amenazados los intereses de su país.
Poquita cosa.
Y mientras sectores económicos siguen atentos a las tensiones internacionales en combustibles y al comportamiento del abasto de diésel, en la política nacional apareció otra emergencia.
Los memes.
Sí.
Los memes.
Vaya, vaya, vaya.
¡Cuánta creatividad en tiempos de crisis!
Resulta que Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, encendió las alarmas por una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que será discutida en comisiones del Senado.
El punto de la discordia es el artículo 403 Bis.
Según Anaya, la redacción podría llevar a la cárcel hasta por siete años a quienes utilicen, reproduzcan o imiten la identidad gráfica gubernamental en parodias.
El texto que se discute contempla sanciones por el uso, reproducción, imitación o incorporación de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o signos oficiales de los tres órdenes de gobierno cuando se haga, entre otros supuestos, a escala comercial y con el propósito de inducir a error o engaño.
Ahí está precisamente el pleito.
Una cosa es combatir la piratería, proteger marcas oficiales o impedir que alguien se haga pasar comercialmente por una institución pública.
Y otra muy distinta sería que una redacción ambigua termine alcanzando al caricaturista, al periodista, al creador de contenido o al ciudadano que cambia un logotipo para burlarse del gobierno.
Anaya sostiene que ahí está el gato encerrado.
Morena y el gobierno tendrán oportunidad de demostrar lo contrario.
Fácil.
Que la ley diga con absoluta claridad que la crítica, la sátira, el periodismo y la parodia quedan fuera de cualquier persecución penal.
Se acabó el problema.
¿O no?
Porque en política las palabras importan.
Pero las ambigüedades importan más.
Sobre todo cuando detrás aparece una pena de hasta siete años de prisión.
Como complemento apareció otra iniciativa en la Cámara de Diputados relacionada con derechos de autor y contenidos digitales, bautizada desde la oposición como “Ley Meme”, que contempla fuertes sanciones para proveedores de internet por determinadas omisiones en el retiro de contenidos. Su discusión en comisión, prevista inicialmente para este martes, fue pospuesta.
Así que todavía hay oportunidad de aclarar.
Porque sería una ironía monumental que, en pleno 2026, con huracanes categoría 5, violencia del narcotráfico, advertencias desde Washington y preocupaciones económicas, el Estado mexicano dedique talento legislativo a perseguir al peligroso ciudadano armado con Photoshop.
O con inteligencia artificial.
O con un celular.
Imaginen el operativo:
—¡Entréguese, está rodeado!
—¿De qué se me acusa?
—De haberle puesto bigotes al logotipo.
Caray.
La política mexicana siempre encuentra la manera de superarse.
Claro, tampoco hay que adelantar vísperas.
La reforma todavía está en proceso legislativo y la interpretación de que pretende encarcelar directamente a quien publique cualquier meme es justamente el punto en disputa.
Pero cuando una ley toca la libertad de expresión y además incluye cárcel, la obligación de los legisladores debería ser exactamente la contraria a provocar dudas.
Debe ser cristalina.
Porque la sátira política tiene siglos.
Sobrevivió a reyes, emperadores, dictadores, presidentes, partidos hegemónicos, revoluciones y transformaciones.
Seguramente sobrevivirá también a la 4T.
Y hay algo todavía más elemental:
Cuando un gobierno comienza a preocuparse demasiado por las burlas, normalmente termina consiguiendo lo contrario.
Más burlas.
Son las maravillas de internet.
Prohíban un meme y tendrán cien.
Intenten censurar una parodia y probablemente será viral antes de que termine la sesión del Senado.
Bien dicen que en política hay que saber escoger las batallas.
Polo está frente a las costas.
Trump habla de cárteles desde la ONU.
Y en México discutimos el alcance penal de una parodia.
Cada quien sus prioridades.
