El INE, una bomba de tiempo

Por: José Luis Parra

Pareciera que la presidenta Claudia Sheinbaum está empeñada en embarrar de lodo a todo el sistema electoral mexicano, incluida la elección presidencial de 2024 que la llevó al poder. Todo, aparentemente, para quitarle reflectores al escándalo de corrupción que involucra a Guadalupe Taddei y sus proveedores favoritos.

El asunto se parece cada vez más a una telenovela cuyos productores insisten en alargar la trama, incorporando nuevos personajes, villanos y episodios, con el riesgo de que el público termine perdiendo interés en la historia principal: La presunta corrupción en el INE y sus peligrosas consecuencias para las próximas elecciones.

Porque una cosa es investigar los negocios realizados al amparo del organismo electoral y otra muy distinta aprovechar el escándalo para dinamitar la credibilidad de toda una institución.

Y en ese cochinero ya aparecieron nuevos actores.

Los trabajadores de los módulos de atención ciudadana del INE entraron en pie de lucha. Exigen que sus salarios alcancen cuando menos el equivalente a dos salarios mínimos. La respuesta institucional fue ofrecerles un incremento del seis por ciento, aplicable hasta enero de 2027.

Una oferta que no resolvió el conflicto y que mantiene la amenaza de un paro en módulos de diversos estados del país.

La inconformidad tiene su lógica. Si hubo dinero para favorecer presuntamente a funcionarios y proveedores mediante contratos millonarios, ¿por qué no habría recursos para pagar salarios dignos a quienes realizan el trabajo cotidiano del instituto?

Para unos, negocios millonarios. Para otros, salarios de hambre.

Así funciona la democracia mexicana. Por lo menos la que están exhibiendo sus propios protagonistas.

Ahora bien, vamos a suponer que Claudia Sheinbaum pretende utilizar el escándalo de Taddei para desacreditar al INE y justificar una transformación radical del organismo, incluso su desaparición bajo el modelo que actualmente conocemos.

Sería una jugada sumamente peligrosa.

Porque al ensuciar al árbitro también se ensucia a quienes ganaron con sus decisiones. Y entre ellos está la propia Presidenta de México.

No hay pruebas públicas que permitan declarar fraudulenta la elección de 2024. Pero si las investigaciones llegaran a demostrar que las irregularidades rebasaron los contratos y alcanzaron la organización o los resultados electorales, el problema adquiriría dimensiones históricas.

Y aquí surge otra interrogante: ¿Hasta dónde quiere llegar Sheinbaum?

Por lo pronto, las investigaciones avanzan entre auditorías, denuncias y declaraciones oficiales. Mucho ruido, pero todavía sin resultados judiciales concluyentes que permitan conocer toda la dimensión de los negocios denunciados.

Incluso existe confusión sobre el paradero de Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, el empresario colocado en el centro del escándalo.

Versiones periodísticas ubican a la exfuncionaria en Arizona y al contratista en Argentina o algún otro país sudamericano. En contraste, fuentes migratorias aseguran que no existen registros recientes de su salida de México.

Entonces, ¿dónde están?

Lo curioso es que ninguno ha sido identificado públicamente como prófugo de la justicia. Y mientras se discute si están dentro o fuera del país, las sospechas siguen creciendo.

Lo verdaderamente delicado sería que alguno de los involucrados decidiera hablar y revelara información capaz de comprometer no solamente a funcionarios electorales, sino también a personajes del poder político.

Obviamente hablamos de un escenario hipotético. Pero en política las lealtades suelen durar hasta que aparece una amenaza de cárcel.

Y si alguien decide cantar, más de uno podría perder el sueño.

El riesgo es que el INE termine convertido en un campo de batalla donde todos disparen contra todos, sin reparar en que están poniendo en juego la confianza ciudadana en el sistema electoral.

México puede sobrevivir a la caída de funcionarios corruptos. Lo que difícilmente soportaría es quedarse sin un árbitro electoral confiable.

Y mientras esta telenovela sigue acumulando capítulos, otra historia amenaza con convertirse en un problema mayor para la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El tema Andy.

La periodista Anabel Hernández reveló en su podcast Narcosistema que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una acusación penal directa contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente.

Se trata, por ahora, de una versión periodística sustentada en fuentes citadas por la comunicadora, no de cargos formalmente confirmados por las autoridades estadounidenses.

Según Hernández, la reciente aparición pública de Andy para deslindarse de Amílcar Olán estaría relacionada con el conocimiento previo de esa eventual acción judicial.

La periodista sostiene que las indagatorias abarcarían operaciones vinculadas al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, y posibles relaciones con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Entre los asuntos mencionados aparecen la empresa Portacelis Gas and Oil, las operaciones del buque Torm Agnes en Guaymas, Sonora, y presuntos vínculos con Arnoldo Rojas Tamez, identificado como El Señor de los Tanques.

Acusaciones sumamente graves que deberán acreditarse ante las autoridades correspondientes.

Pero el verdadero problema político para Andy es que las sospechas ya dejaron de ser exclusivamente un asunto de disputas internas de Morena.

Ahora la versión apunta directamente hacia Washington.

Y si el Departamento de Justicia estadounidense formaliza una acusación, la defensa política del hijo de López Obrador tendría un margen de maniobra mucho más reducido.

Seguramente aparecerían los argumentos conocidos: persecución política, complot de la derecha e intromisión extranjera.

El mismo libreto, distintos actores.

La diferencia es que los tribunales estadounidenses no se manejan con discursos mañaneros ni con aplausos de militantes.

Claro, primero tendrá que confirmarse que existe esa acusación. De lo contrario, todo seguirá en el terreno de las filtraciones y las versiones periodísticas.

Lo interesante sería conocer hasta dónde podría llegar una eventual investigación judicial y qué personajes aparecerían mencionados en los expedientes.

Porque Andy no es cualquier militante de Morena. Es hijo del fundador del movimiento y uno de sus principales operadores políticos.

Y cualquier problema judicial suyo inevitablemente terminaría salpicando el legado de su padre.

Así las cosas, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta dos asuntos con capacidad para provocar verdaderos terremotos políticos.

Por un lado, un sistema electoral bajo sospecha, con funcionarios señalados, proveedores investigados y trabajadores inconformes.

Por el otro, la posibilidad de que desde Estados Unidos llegue una ofensiva judicial contra un integrante de la familia López Obrador.

En ambos casos faltan respuestas, pruebas concluyentes y decisiones judiciales.

Pero sobra material explosivo.

Y en un descuido, entre tantos intentos por controlar los daños, el régimen podría terminar provocando una explosión de consecuencias impredecibles.

Bien dicen que en política lo peligroso no siempre es el enemigo que ataca de frente.

A veces es el aliado que conoce demasiados secretos.