PERFIL DE MÉXICO
Armando Ríos Ruiz
En nuestro país existe un índice bastante alto de ciudadanos que piensan, nada alejados de la realidad, que las elecciones del pasado 6 de junio estuvieron salpicadas en todo el país, con la participación abierta del crimen organizado y que en una gran cantidad de estados, fue éste el que impuso con el terror sembrado por asesinatos y amenazas abiertas, a los candidatos ganadores.
Hubo quienes dijeron que tenían familias, en referencia a sus esposas e hijos y que preferían abandonar las contiendas a perder la vida, luego de recibir las advertencias, no de sus opositores, sino de gente seguramente ligada a éstos o maiceada por los que resultaron ganadores. Luego entonces, las expresiones populares tienen un fundamento cierto.
El secuestro de Zudikey Rodríguez, de la alianza PRI-PAN-PRD, candidata a la alcaldía de Valle de Bravo, estado de México, llevada, según se supo, a la población de Tejupilco, señalada desde hace mucho como un lugar muy peligroso, por ser punto de reunión de criminales y de coincidencia con los estados de Michoacán, Guerrero y el mismo de México, fue un clarísimo aviso de la delincuencia, sobre su forma de actuar para lograr sus pretensiones.
Algunos morenistas se jactaron de haber ganado contiendas en el norte del país. Pero no reconocen que hubo demasiados avisos amenazantes y asesinatos por doquier. El homicidio de Abel Murrieta, en Sonora, puso barbas a remojar en infinidad de lugares en donde el crimen organizado se manifiesta a sus anchas.
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, intentó ver al Presidente de México para ofrecerle pruebas de la participación del narcotráfico en las elecciones locales. Sin embargo, tuvo que marcharse con cajas destempladas, simplemente porque el Primer Mandatario se negó a recibirlo. Ante un hecho como el anterior ¿no era urgente escuchar y revisar las presuntas evidencias?
El fin de la semana anterior, la Secretaría de Gobernación pidió a los altos mandos de dependencias federales y estatales, detectar y cesar a servidores públicos que tengan nexos con ex funcionarios de alto nivel vinculados con la delincuencia organizada y con otros delitos, que hayan puesto en riesgo las instituciones, que hayan permitido el avance de la delincuencia y que permeara organismos y corporaciones.
El documento insiste en erradicar conductas que ocurrieron durante muchos años en administraciones pasadas. Como si la actual fuera modelo de pureza. ¿Por qué no hacerlo de manera pareja y la actual administración ordena una investigación, exhaustiva, a fondo, del pasado y de quienes hoy ocupan cargos de todo tipo, tanto en las esferas federales como en las estatales? ¡Claro! Hablamos de una investigación real. No selectiva.
La que hoy propone Gobernación lo es. Quiere que el pasado pague cuentas, cuando en el mismo terreno, el actual gobierno tiene mucho qué explicar respecto al tema de delincuencia que lo ocupa con esta petición. Líneas arriba sólo apuntamos algunos hechos cuyo número en nada se parece a la realidad. Si de investigar delitos se trata, ¿para qué viajar al pasado, cuando en el presente hay de sobra materia de investigación delictiva?
Cierto es que el crimen ha invadido todas las capas gubernamentales desde hace tiempo. Pero también es cierto que en el presente parece que se pretende ocultar a los actuales con una orden que involucre sólo a los anteriores. Pese a haber recibido una exoneración abierta, ¿por qué entonces no investigan a fondo a la actual senadora guerrerense, Nestora Salgado, acusada de secuestro y de otros delitos cometidos con sus secuestrados?
¿Por qué no se investigan más de 100 mil asesinatos en el ejercicio actual o a sólo tres años de iniciado, que supera con creces los que se cometieron en el pasado, durante los gobiernos de Felipe Calderón y enrique Peña Nieto? ¿No sería hasta más fácil investigar lo que ha ocurrido hoy que lo que pasó ayer?
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