Entre las nuevas disposiciones ignoradas, están la nueva Ley General de Aguas, modificaciones a la Ley Federal de Revocación de Mandato, a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, cambios en materia de error judicial, justicia cotidiana y de comunicación.
Redacción MX Político.- Se reporta que desde las propias cámaras legisltaivas exuiste desacato a disposiciones normativas de observancia general.
Por ejemplo, además de legislar para regular la siembra, cosecha y comercialización de la mariguana, hay una veintena de sentencias de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de otras instancias del Poder Judicial que el Senado y la Cámara de Diputados no han acatado.
Entre las leyes y tratados internacionales que debieron aprobarse en esta Legislatura, por mandato judicial,
Además, ambas cámaras deben regular la objeción de conciencia en materia sanitaria y legislar sobre la suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías; asimismo, en torno a educación indígena e inclusiva, previa una consulta a las comunidades y pueblos autóctonos y afromexicanos, así como a las personas con discapacidad. En todos estos casos el plazo venció en abril de 2022.
En el caso de la cannabis, en 2019 la Suprema Corte ordenó al Congreso despenalizar el consumo de mariguana con fines recreativos y en el Senado se aprobó una ley en 2020 que regulaba también la siembra y comercialización. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se regresó meses después a los senadores, con cambios de fondo que impedían cumplir con lo ordenado por el tribunal.
El Senado decidió en 2021 de-sechar esa minuta y comenzó a trabajar en una nueva ley, centrada sólo en despenalizar el consumo de la mariguana. Sin embargo, hay una nueva sentencia de la Corte que obliga a ambas cámaras a legislar sobre la siembra, cosecha y comercialización de cannabis.
El Congreso deberá eliminar de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal la disposición de que sólo puede usarse la cannabis con fines médicos y científicos. La sentencia la notificó la Suprema Corte el 6 de diciembre de 2022 y dio un plazo de 90 días para hacer los cambios necesarios.
hch
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