El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha puesto fin al paro de labores que duró más de dos meses, instando a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a reanudar sus actividades. Sin embargo, esta decisión ha generado tensiones, ya que algunos empleados se resisten a regresar hasta que sus demandas sobre la reforma judicial sean atendidas.
El pasado 23 de octubre, el CJF ordenó la reanudación de actividades en todos los tribunales y juzgados del país a partir del 24 de octubre. El consejero José Alfonso Montalvo advirtió que “no habrá causa que justifique la penalización” para aquellos que no regresen al trabajo. No obstante, el CJF ha informado que aplicará las normativas vigentes a quienes no asistan, lo que ha desatado protestas de los trabajadores.
A pesar de que algunas entidades ya han reanudado sus labores desde el 28 de octubre, otros estados como Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán mantienen cerrados ciertos tribunales hasta el 4 de noviembre. Los trabajadores insisten en que su lucha contra la reforma judicial no cesará.
Montalvo también destacó que durante la suspensión parcial se han atendido más de 30 mil casos urgentes en todo el país, asegurando que la administración de justicia no se ha paralizado. Sin embargo, el clima de descontento se ha intensificado, especialmente después de que dos juezas fueran encapsuladas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante una protesta pacífica en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
En respuesta a este incidente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Judef) emitió un comunicado el 27 de octubre, llamando a las autoridades a respetar el derecho a la libre manifestación. “Utilizar la violencia institucional contra dos juezas que se expresaban pacíficamente refleja el incremento de la intolerancia gubernamental”, se señala en el documento.
El CJF continúa dialogando con diversas entidades para facilitar el regreso a las actividades, pero la desconfianza entre los trabajadores persiste, lo que podría complicar la reanudación completa de las labores en el Poder Judicial.
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